A lo largo de nueve años, el gobierno del Presidente Morales ha vivido una experiencia en la que se ha combinado un proyecto histórico, aún en desarrollo y parte de un intenso e irresuelto debate, con una coyuntura económica única en todo nuestro pasado republicano. Esa afortunada circunstancia, le ha permitido proyectar una imagen interna y externa de éxito cuya prueba de consistencia se verá ahora.

Desde el punto de vista de la economía, vivimos desde fines de 2005 un promedio espectacular de precios internacionales de nuestras materias primas, potenciados con la incorporación del IDH (2004-2005) y el decreto de 1º de mayo de 2006, lo que propició ingresos inimaginable. Entre 2006 y 2015 las exportaciones bolivianas tuvieron su eje rector en los hidrocarburos que han representado entre el 50% y el 60% del total. A ese porcentaje se suman los minerales y los granos. La “multiplicación de los panes y los peces” le permitió al gobierno una estabilidad económica extraordinaria, que hizo posible que las acciones políticas y sociales no tuvieran que hacerse sobre la incertidumbre, sino, por el contrario, sobre una base sólida que garantizó una percepción optimista y confiada de la sociedad.

El patinazo más dramático del Ejecutivo, el intento fallido de un alza del precio de los hidrocarburos en diciembre de 2010, que amenazó la estabilidad del gobierno casi tanto como la crisis política de septiembre y octubre de 2008, se diluyó casi completamente. Para el 2012 la popularidad del Primer Mandatario se recuperó y se mantuvo en permanente ascenso disipando cualquier nubarrón que pudiese ser aprovechado por una oposición que no encontró, ni ha encontrado todavía, un norte que le permita presentarse como una alternativa.

Uno de los ejes fundamentales de todo el andamiaje de este proceso político ha estado en el ministerio de Economía y Finanzas. El ministro Arce demostró un manejo adecuado de la macroeconomía en todos sus ámbitos, manejo acompañado por la exhibición de unas cifras simplemente impresionantes. Tamaño del PIB nacional, crecimiento anual de ese PIB, inflación controlada, reservas internacionales, superávit fiscal, son contundentes.

En ese camino, sin embargo, se tomaron algunas decisiones que pueden cobrarnos factura ahora. Un crecimiento desmesurado del gasto público y un incremento también exagerado de la administración pública con su consiguiente impacto salarial. La recuperación del rol protagónico del Estado en la producción generó consecuencias adicionales en el gasto. Tanto YPFB como COMIBOL (Huanuni para ser precisos) volvieron a cargarse de miles de nuevos trabajadores que no necesariamente guardan la relación correcta de productividad que la industria moderna exige en un cualquier parte del mundo.

El crecimiento de la demanda interna que ha sido, sin duda, uno de los elementos que ha dinamizado más nuestra economía, agrandó exponencialmente las importaciones. Tampoco la relación entre importaciones de bienes suntuarios y de consumo, con la importación de bienes de capital vinculados a la producción, responde a los objetivos de una economía que esté realmente en proceso de transformación. Finalmente, contra toda opinión, el gobierno apostó por un cambio fijo manteniendo el valor de la moneda que, ante el fortalecimiento significativo del dólar, encuentra hoy la realidad de un boliviano sobrevaluado. Esa política, cuyos resultados no se pueden discutir hasta hoy, entra en una franja de riesgo si se convierte en algo dogmático e inamovible.

Los pros y contras de lo hecho hasta ahora estuvieron siempre bajo el brillante celofán de unas cifras macroeconómicas que no permiten discusión. Esa realidad llevó al ministerio de Economía a prever que el crecimiento económico del 2015 estaría muy próximo al 6%, sobre la premisa de que la grasa acumulada en casi una década permitiría a Bolivia pasar el trance de la caída de precios con tranquilidad. Los datos del primer trimestre de este año muestran, sin embargo, que la caída de precios en prácticamente todos nuestros principales rubros de producción es profunda y probablemente sostenida en el tiempo. Los efectos son inescapables, una caída en los ingresos, una disminución del IDH con consecuencias importantes para las regiones, un crecimiento menor y un déficit fiscal (4,1%) más alto de lo que una economía saludable puede asumir razonablemente.

En ese contexto, algunas preguntas a responder son: ¿La deuda interna no es ya un lastre demasiado grande? ¿Se puede corregir la expansión del gasto y sostener aquel gasto que se ha convertido en estructural? ¿Cómo se compensa la disminución de ingresos en los Departamentos? ¿Se puede sostener un cambio oficial inamovible a 6,96 en el largo plazo? ¿Los precios internos de los hidrocarburos pueden mantenerse sin alzas? ¿La productividad de las empresas estatales podrá pagar los salarios de sus trabajadores sin subvención?