Publicado en Página 7 y Los Tiempos el 13 de junio de 2010

Han pasado cinco años desde que se hizo efectiva mi renuncia a la presidencia de la República. El 9 de junio de 2005 a las diez de la noche en la capital de la República, Sucre, el Congreso Nacional aceptó mi dimisión.

El tiempo ha ido decantando las cosas. Hoy se puede percibir con más claridad que el motivo central de mi renuncia fue como dije entonces: “A lo largo de este tiempo como Presidente, he tratado de transmitir que el valor más importante en el que creo por encima de todo es el valor de la vida humana. Perder la vida de un compatriota es algo que no podemos aceptar, ni tolerar, ni promover. Es por esto que creo que mi responsabilidad es decir hasta aquí puedo llegar”.

Esa premisa fue una brújula de nuestro mandato que pudimos cumplir gracias al compromiso, la honorabilidad y el sacrificio de mis colaboradores en el gobierno, la Policía Nacional y Las FF.AA., que entendieron y se comprometieron con esta visión en el tema de los Derechos Humanos. Sacrificamos la legítima administración del poder y aún la culminación del programa del 17 de octubre, en función de una cuestión básica. Si habíamos llegado a la presidencia para garantizar la paz, hubiese sido un contrasentido y una irresponsabilidad mantenernos en el gobierno arriesgando esa paz y colocando al país al borde de un enfrentamiento de incalculables consecuencias, provocado artificial e intencionalmente.

Cometí errores como mandatario, sin duda, quizás porque me faltó una percepción específicamente política del cargo, superada por una visión basada en conceptos e ideas cargadas de un imperativo humanista.

A pesar de ello, creo que la propuesta presentada a Bolivia, presentada el 17 de octubre de 2003 y el 20 de abril de 2004, correspondía a las demandas de nuestra sociedad, tanto, que se convirtió en la agenda del país.

Cinco fueron los pilares de ese programa de gobierno. El primero, la recuperación de la idea central del respeto a la vida y los DD.HH. Habiendo presidido la gestión con mayor número de conflictos de toda la democracia desde 1982, sorteamos con éxito el desafío con dos resultados; una administración responsable del ejercicio de la violencia legítima del Estado preservando por encima de todo la paz y la vida y el menor costo económico de todos los gobiernos democráticos para resolver las demandas de quienes, implacables, nos cercaron especialmente en el año 2005.

El segundo, el Referendo para cambiar la política nacional en torno a los hidrocarburos. Lo hicimos y el país lo ganó. Su resultado más importante fue la recuperación de la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos (dos años antes del decreto de mayo de 2006), la refundación de YPFB, el incremento de impuestos y la creación del IDH. La consecuencia perversa fue una Ley de Hidrocarburos que me negué a promulgar y que, el tiempo lo ha demostrado, ha hecho inviable un camino adecuado para el manejo nacional de los hidrocarburos, la inversión, la distribución de recursos y la industrialización del gas.

El tercero, la solución de la crisis económica que se tradujo en una política real de austeridad, cada vez más evidente comparada con los gastos estatales de hoy. Revertimos un déficit fiscal de 8,1 % del PIB que bajó en 2005 a 2,3 %. Una reducción de seis puntos en dos años. Logramos el crecimiento del PIB nacional en un 15 % y duplicamos las exportaciones. Logros a los que contribuyó la gestión de siete meses del Presidente Rodríguez.

El cuarto (propuesto el 20 de abril de 2004), la conquista de las autonomías. Tema falseado y tergiversado por nuestros adversarios con el más grande de los cinismos. Fuimos el primer gobierno de la historia que propuso pasar de un Estado centralista a otro de autonomías (nueve meses antes del famoso cabildo de enero de 2005). Promulgamos dos decretos claves para transferir competencias y darles a los departamentos toda la responsabilidad en salud y educación y convocamos a elección de prefectos y a Referendo autonómico, que se hicieron realidad en 2005 y 2006.

El quinto y último, la convocatoria a una Asamblea Constituyente para restablecer el pacto social quebrado por la crisis 2000-2003 y ante la demanda de una nueva visión de Estado. Proceso que culminó formalmente en 2009, pero que está en pleno, complejo y contradictorio desarrollo.

Cuando dejé la presidencia ese día, una encuesta realizada por la empresa IPSOS estableció que el nivel de aprobación a mi gestión en el eje troncal era del 50 %. Tenía  70 % de aprobación en El Alto, 65 % en Cochabamba, 64 % en La Paz y 22 % en Santa Cruz.

En tiempos en que la historia se olvida, se acomoda o se reescribe al ritmo de la marcha de los vencedores circunstanciales de hoy, recordar el 9 de junio de 2005 me parece indispensable, en homenaje al país y a quienes estuvieron dispuestos a quemar naves conmigo en el periodo 2003-2005.