El contexto: la amenaza de la crisis democrática y económica 

El país vive hoy, además de una dramática crisis de las instituciones de la democracia, una crisis económica que se agudiza día a día sin respuestas coherentes para encararla y menos resolverla. Por esto la preocupación de los ciudadanos es la economía como prioridad urgente, por encima de las cuestiones políticas que son vistas como peleas mezquinas de liderazgo y de intereses particulares. 

A pesar de ello, las elecciones que vienen deben llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles, precisamente para dar esperanza y certidumbre al pueblo boliviano.

Dos elecciones superpuestas

Se debe resolver la superposición de las elecciones judiciales (de realización y resultado inciertos) con las elecciones primarias restrictivas, cerradas y limitadas a los militantes de cada partido o alianza. Estas primarias son incompatibles con la realización de elecciones judiciales, por la imposibilidad del Tribunal Supremo Electoral de organizar dos elecciones en el segundo semestre de 2024.

Reorganización de escaños tras el resultado del censo

Es fundamental dar cumplimiento, antes de las presidenciales de 2025, de las obligaciones que generarán los resultados del Censo: la modificación en la distribución de escaños por departamento en la Cámara de Diputados y la redistribución de recursos económicos en los diferentes niveles del Estado.

Las consecuencias de tener un Órgano Judicial de facto

La grave crisis de nuestra democracia pasa en primer lugar por las elecciones judiciales que no sólo son un imperativo constitucional, sino que deben realizarse antes de las presidenciales de 2025, para contar con un Órgano Judicial de derecho y no uno de facto que puede manipular, distorisionar o incluso bloquear el proceso electoral más importante que encarará el país el próximo año y la subsecuente elección subnacional en 2026.

Por si esto fuera poco, los jueces autoprorrogados y los vocales de las salas constitucionales que dependen de estos, han convertido en rutina el conflicto de poderes y en los hechos han subordinado a dos órganos del Estado cruciales para la democracia: La Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral. 

Un Tribunal Electoral débil que no corrige el lastre de anteriores elecciones

No se puede ir a una elección nacional sin cambiar y recuperar mecanismos que garanticen la transparencia, imparcialidad y credibilidad del Órgano Electoral.

El TSE propone iniciativas legislativas diversas, dispares y presentadas por vocales a título individual. Al no estar sujetos a la garantía de un juicio de responsabilidades, son permeables a la injerencia política y judicial en sus decisiones y resoluciones. No hay que olvidar además que en diciembre de 2025 terminan las funciones de los actuales vocales lo que, coincidiendo con el fin del periodo constitucional, demandará a la ALP la elección de un nuevo TSE.

En lo técnico no hay credibilidad en el actual padrón electoral. Tampoco son fiables los sistemas informáticos y servidores para el procesamiento y cómputo de votos. No se cuenta con el funcionamiento de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

La propuesta de Comunidad Ciudadana

Como único camino para salir de esta crisis multidimensional, se requiere de manera urgente la concreción de acuerdos mínimos entre las principales fuerzas políticas e institucionales que definan:

1.- El reordenamiento de los procesos electorales, trasladando para el 2025 todos los actos de las elecciones presidenciales, supriminedo las primarias cerradas y aprobando las abiertas simultáneas obligatorias y competitivas a realizarse el próximo año.

2.- La realización de las elecciones judiciales, cesación de los autoprorrogados y posesión de los nuevos Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial en 2024.

3.- El cumplimiento de las obligaciones generadas por los resultados del Censo de Población y vivienda en lo económico y político (redistribución de escaños) en 2024.

4.- El establecimiento de las garantías orgánicas y funcionales para la transparencia de la realización, cómputo y resultados de las elecciones presidenciales y subnacionales con el saneamiento del Padrón Electoral, sistema informático confiable y TREP, en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales.

5.- El fortalecimiento del Órgano Electoral, especialmente del TSE, a través de garantías orgánicas y funcionales para que sus decisiones tengan la fuerza y legitimidad de un verdadero cuarto poder del Estado, en 2024 y 2025 con tiempo suficiente antes de las elecciones generales.

6.- Garantizar que la nueva ALP, emergente de las elecciones de 2025, elija oportunamente a los nuevos vocales del TSE que deben presidir las elecciones subnacionales de 2026.

Si es que los actores políticos e institucionales no logramos hacer acuerdos mínimos que permitan neutralizar las consecuencias de esta crisis, los procesos electorales del periodo 2024-2026 corren un serio riesgo de no realizarse o de ingresar en un escenario de total incertidumbre, desorden y anarquía,