Es ya un viejo debate de la sociología la caracterización de los sectores medios de la sociedad. Desde la perspectiva marxista, varios teóricos objetaron su caracterización como clase en el sentido original que le dieron los clásicos.

Pero los hechos acabaron imponiéndose y el concepto es hoy aceptado por prácticamente todos quienes se refieren a este segmento social, que en un mundo que va vertiginosamente hacia la urbanización es el más importante de todos. En realidad se ha convertido en el espacio idealizado hacia el que debe dirigirse el conjunto de las sociedades, especialmente aquellas que tienen el gran desafío de combatir y derrotar a la pobreza moderada y a la pobreza extrema, este es obviamente el caso de Bolivia.

Desde la política se ha asumido siempre que la clase media es conservadora, poco proclive al cambio y que tiene muy pocas posibilidades de movilizarse para propugnar propuestas o defender sus derechos y sus intereses. Pero a la vez, en virtud de su significación demográfica en el país, es la depositaria mayor de los valores democráticos y árbitro del destino electoral de candidatos, partidos y sus propuestas de presente y de futuro.

Esta realidad pone en evidencia algunas cosas interesantes. El discurso del régimen apoyado en la reivindicación y el vigor de lo indígena, que tuvo una extraordinaria importancia desde 2005 hasta la Constitución de 2009, ya no es suficiente, requiere de una reformulación, no para negar lo avanzado en la incorporación de los indígenas en la política, la economía y la vida social sobre la base de la igualdad, sino para comprender que Bolivia no es un país exclusivamente indígena, sino una nación diversa en la que mayoría somos mestizos y no formamos parte de las llamadas naciones indígena-originario-campesinas. La aspiración de esa mayoría es la vida urbana y la clase media, entendida ésta como un sector con mejores oportunidades de educación, salud, vivienda y condiciones económicas dignas. Esta nueva realidad implica la aceptación de una multiplicidad cultural y tecnológica en la que la universalidad complementa los rasgos de origen. El discurso retórico y “holístico” del vivir bien no es antagónico del vivir mejor de raíz occidental.

En ese contexto, la clase media percibe con claridad que la deriva del gobierno hacia el totalitarismo, uno de cuyos rasgos es el nuevo Código Penal (no el mayor, por cierto), amenaza algunos valores cruciales para ella, entre los que se cuenta la democracia expresada en la libertad y el ejercicio pleno de los derechos humanos fundamentales.

Quienes mandan no acaban de entender que las condiciones sociales del país, precisamente en virtud de los propios elementos de bonanza y redistribución de los últimos doce años, han cambiado de un modo importante fortaleciendo a esa clase que con tanta falta de tino menosprecian las más altas autoridades del Ejecutivo. Su base de sustentación en los llamados “movimientos sociales” (muchos de ellos terriblemente envilecidos) está debilitada, porque los ideales originales se han transformado en prebendas y pedazos del Estado que son repartidos según el menú de cada quien. La consecuencia es que todo respaldo se paga a un precio muy alto y es cada vez menor la decisión espontánea de los militantes de defender este proceso político. Por el contrario, la clase media ha percibido con gran lucidez que el 29 de noviembre de 2017 –Tribunal Constitucional mediante- se inició la cuenta de no retorno del quiebre democrático. Tal percepción se transformó en el masivo voto del 3 de diciembre de 2017 en el que la suma de nulos (51%) y blancos (14%), mostró que 2,6 millones de bolivianos rechazaban no sólo a los candidatos al Órgano Judicial, sino a un gobierno ya en decadencia. La respuesta fue previsible, las autoridades no movieron un dedo, posesionaron a las autoridades judiciales y de yapa aprobaron un Código Penal que afina los mecanismos autoritarios y discrecionales de la Justicia como brazo del poder.

La huelga de los médicos contra el artículo 205 del Código Penal debe entenderse en este escenario. Fue una respuesta vigorosa de la clase media a la que –contra toda previsión- se sumó gran parte de la ciudadanía, a la que además se plegaron otros sectores. Esas acciones se mantuvieron por más de cuarenta días con gran capacidad de activismo y presencia en las calles que superaron las expectativas del gobierno. La represión callejera cobró una víctima mortal y obligó al Presidente a dar un paso atrás.

De aquí en más los poderosos deben saber que la clase media, cuyo motor inequívoco son los jóvenes y las mujeres, es el interlocutor más importante de Bolivia y que está consciente de la ruta lamentable que el Órgano Ejecutivo en funciones ha escogido para su perpetuación en el poder.