América Latina. Las raíces del Cambio

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En los años ochenta la democracia latinoamericana buscó la recuperación de un modelo basado en el liberalismo político, en matrimonio preferente con el liberalismo económico. No cabe duda de que esa fue una línea con fuerte impulso de los Estados Unidos.

Francis Fukuyama en su libro El Fin de la Historia y el Último Hombre afirmó que habíamos llegado a un punto de convergencia universal que era la meta que buscaba la humanidad. Se basaba en la lógica dialéctica hegeliana. La síntesis, por fin, se había conseguido. Esa síntesis no era otra que el republicanismo, el liberalismo político expresado en dos pilares; la democracia y el mercado abierto. Libertad de mercado transformada y traducida progresivamente en la globalización. Ambos mecanismos hacían un conjunto que abría un futuro en el que lo básico se había consolidado. Esa consolidación descansaba en la democracia representativa.

Sobre esa premisa que tuvo un impacto fundamental en Occidente (a partir de la caída del Muro de Berlin), América Latina ensayó -sobre todo en la década de los años noventa- la posibilidad de unificar los dos conceptos: democracia liberal y economía abierta. Esa década definida genéricamente -podemos discutir si fue cierto o no- como neoliberal, planteó un conjunto de medidas que implicaban la reducción del Estado, que buscaban la eficiencia, un manejo macroeconómico responsable y que apostaban a que el progreso económico y la distribución de la riqueza llegarían a través de la libertad económica sumada a una reducida presencia estatal en la dinámica económica.

Cuando comenzó la primera década del siglo XXI, el análisis de los resultados de la aplicación de ese modelo, indica que se consiguieron algunos resultados importantes, sobre todo reformas estructurales que en términos generales estabilizaron economías que habían sido mal manejadas, propensas a inflaciones dramáticas y muy erráticas. Esos cambios garantizaron una estructura ordenada de la macroeconomía, que permitió diseñar programas económicos de mediano y largo plazo basados en estabilidad y certidumbre. A la par, se consolidó el modelo democrático. Si vemos las veinte naciones que conforman América Latina, salvo el caso de Cuba que rompió lanzas con el modelo político y económico dominante en la región desde 1959, apreciamos que todas tienen como modelo político la democracia, aunque con características distintas, todas están montadas en el contexto de la democracia.

Todos sabemos que el siglo XXI comenzó el 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Ese día, en Lima, se firmó la adhesión de todos los países del hemisferio miembros de la OEA, a la Carta Democrática, que fue un instrumento fundamental para la preservación de la democracia. A partir de entonces la Carta se convirtió en hoja de ruta para preservar la estabilidad democrática fiscalizada por los organismos multilaterales del hemisferio.

Pero si el concepto de democracia parecía claro y unívoco, por lo menos hasta el comienzo del siglo XXI, la idea de que la economía abierta era la única respuesta posible en consonancia con la política, se desinfló. ¿Por qué? Porque la base de la sociedad latinoamericana no encontró las respuestas que buscaba para la solución a sus problemas de pobreza, marginalidad y sobre todo inequidad. A pesar de ser un lugar común que se repite siempre, es imprescindible no olvidar que América Latina es el continente más desigual del planeta. Son esas distancias entre ricos y pobres las más grandes y las brechas más profundas que no hemos podido superar y que dejaron colgada la propuesta liberal ortodoxa de los noventa.

Si estaba claro que habíamos hecho una conquista política, no lo estaba y era a todas luces insuficiente lo hecho en materia económica y social. En el cambio de siglo se cuestionó que el matrimonio entre visión política y visión económica fuera imprescindible y exitosa. Renació de sus cenizas la propuesta estridente de recuperar el papel del Estado. Había que colocar de nuevo al Estado en el centro. Se puso en tela de juicio la privatización como sinónimo de eficiencia y se demandó la recuperación estatal del compromiso con la base de la sociedad, traducido en responsabilidad e inversión social directas.

Visto el más que modesto resultado de la mejora del poder adquisitivo de los salarios y las condiciones generales de los sectores más desfavorecidos y, a pesar de los razonables avances en la lucha contra la pobreza, se pensó que había que plantear una ruta alternativa, distinta, que cuestionase la que habían seguido la mayoría de los gobiernos de la región hasta entonces.

A partir de ese momento se recuperó el debate ideológico, en realidad se ideologizó la discusión y se quebró la “hoja de ruta” continental. Se produjo entonces un hecho muy significativo, la lectura de lo democrático cambió también en la medida en que cambió la lectura de lo económico. La ideologización de la región es un factor fundamental para entender el escenario que estamos viviendo hoy.

 

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