El 28 y 29 de septiembre en México DF, con el auspicio del PNUD y la Cooperación Española, y la participación de una treintena de intelectuales, políticos y analistas de México, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala, El Salvador, Perú, República Dominicana y organismos internacionales, participé en una reunión de extraordinaria calidad a propósito del momento latinoamericano actual.

Uno de los temas dominantes fue la particular y muy interesante experiencia mexicana, a partir del llamado «Pacto por México», que se ha hecho en el comienzo del gobierno del Presidente Peña Nieto, que marca una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD para llevar adelante reformas estructurales del país en temas tan sensibles como la educación, la energía, los telecomunicaciones y la energía (específicamente una apertura de PEMEX a la participación privada). El momento mexicano me recordó mucho el proceso de reformas estructurales emprendido en 1993 por Gonzalo Sánchez de Lozada, a partir del «Plan de Todos». Uno de los temas de análisis fue precisamente el costo político para la izquierda (PRD) de esta alianza y el costo de mediano y largo plazo para México, así como, en el otro lado de la medalla, las posibilidades de una consolidación de sus potencialidades, considerando a México como una potencia de primer orden regional y de importancia creciente a nivel mundial.

Fue muy interesante además, el «informe» que dimos los representantes de cada país sobre nuestras respectivas situaciones nacionales. una mirada global que permitió percibir situaciones más parecidas de lo que uno podría pensar, aunque está claro que el tamaño de Brasil y México los coloca como jugadores mundiales que, sin embargo, no acaban de transmitir un liderazgo compartido y coordinado y no han definido un lenguaje común para transmitir la voz de América Latina.

Fue muy importante ver un panorama preocupante de desaceleración económica y bajo crecimiento en ambas potencias, a la vez que se hizo énfasis en las nuevas olas de protestas sociales en varios países, más propias de las demandas de clases medias emergentes que de sectores asociados con la extrema pobreza.

Sigue presente, en ese contexto, un mirada sobre dos visiones distintas, una todavía liberal pero menos ortodoxa que la de los años noventa y otra, adscrita al «cambio» con matices diversos. Se destacó específicamente en lo que concierne a Bolivia que, si bien domina un espíritu intrinsecamente autoritario «legitimado» por un incuestionable respaldo electoral, la situaciones económicamente positivas de Nicaragua, Ecuador y Bolivia, se parecen muy poco a la crisis que afronta Venezuela y la situación dramática de Cuba en muchos sentidos.

El caso argentino, una vez más, sigue mostrando sus propias e inexplicables peculiaridades a pesar de la bonanza económica de los últimos años.

Estamos en los umbrales de procesos electorales en varios países, entre ellos Bolivia y Chile. Los representantes chilenos dan por seguro el triunfo de Bachelet, pero algunos de ellos no son optimistas en el tema del mar. Un reencuentro Morales (en la hipótesis de que gane en 2014) con Bachelet, creen, no cambiará de manera significativa la relación bilateral con relación al tema marítimo, dado el juicio en curso. Mi impresión es que si eso ocurre, se abre una oportunidad paralela al camino propio que seguirá el juicio planteado por Bolivia ante la CIJ.