En el último número de septiembre de 2012, la Revista «Libre Empresa» publicó una larga y enjundiosa entrevista que me hizo Lauren Weber. Dado que la temática tratada fue esencialmente económica, tema sobre el que se me consulta pocas veces, creo que en ella se refleja mi visión sobre este asunto esencial para el país. La transcribo en su integridad.

El expresidente de Bolivia accedió a conversar con LIBRE EMPRESA sobre la economía del país durante el periodo de gobierno del MAS, un tiempo en el que las decisiones de carácter político han sido privilegiadas y se vive el agrandamiento del aparato estatal. Las preguntas centrales giraron en torno a las condiciones en las que se mueven los sectores productivos, y en especial, a las relaciones entre el poder central y los productores y exportadores del oriente.

En un país que aún no ha trascendido las lógicas de confrontación y en el que el Gobierno logró derrotar a las élites emergentes del oriente para implementar su propio proyecto político andino y airmarista, el expresidente de Bolivia, Carlos D. Mesa Gisbert, considera que es necesario establecer una estrategia de desarrollo en la lógica y la racionalidad económica, combinada con una compensación proveniente de una mejor distribución del IDH para los departamentos menos favorecidos.

¿Cómo ve el país, qué ha  cambiado en Bolivia desde el 22 de enero de 2006?

Es imprescindible hacer una valoración de lo ocurrido y comprender dos factores fundamentales: el primero, que el presidente Morales llegara al poder con un 54% de los votos después de la dramática crisis que vivimos el 2003. Esto le permitió el fortalecimiento, de entrada y por el voto, de un proyecto propio, ante el desmantelamiento del viejo sistema de partidos; el segundo, es que coincide casi matemáticamente con la bonanza económica que vive Bolivia, indispensable porque de otra manera no se hubiera producido la tranquilidad de la administración económica que le permitió capear graves crisis políticas y lograr un equilibrio entre oriente y occidente por la recuperación de la minería, que planteó una opción realista de crecimiento económico y el fin de un proceso recesivo sostenido en el occidente del país.

Adicionalmente, en el componente productivo del país se produjo también un desbalance porque al incrementarse los precios del gas y de los minerales de manera tan espectacular, la significación de la agroindustria en el PIB nacional y en el porcentaje de las exportaciones nacionales disminuyó. Entonces, creo que esa combinación de factores define un nuevo dibujo de los espacios de poder.

El poder central se fortifica. Irónicamente, cuando se pensaba que Santa Cruz iba a dar el salto económico-político equivalente al que dio La Paz al final del siglo XIX y principios del XX, la llegada de Morales frena en seco esto porque se produce una reafirmación de un proyecto político andino, con el componente indígena y aimara.

El otro factor es el planteamiento de septiembre y octubre de 2008, que es una pulseta por la vía de la violencia y que genera la situación dramática de Cobija, y posteriormente, el caso Rozsa. Cobija más el caso Rozsa le permiten al gobierno del presidente Evo Morales el desmantelamiento de los sectores de poder más fuertes en Santa Cruz y el debilitamiento de las élites tradicionales que además, en mi opinión, estaban haciendo una apuesta ya históricamente superada.

¿Cómo está configurado el poder ahora? ¿Qué rol están jugando los departamentos del eje central después de la crisis de 2008 y la reelección del Presidente Morales?

Desde el punto de vista de la aprobación del gobierno del presidente Morales, Cochabamba no es el mejor lugar. La ciudad tiene indicadores más parecidos a Santa Cruz ciudad. Por lo tanto Cochabamba no es la ciudad que más lo respalda en intención de voto. Está claro que la base de su poder político es el Chapare, son las federaciones del trópico de las que sigue siendo su secretario ejecutivo. La evidencia de que eso es así está en la política de erradicación y los problemas que tenemos en nuestra relación bilateral con el Brasil porque no hay una reducción de cultivos de coca, en virtud de que es muy difícil que el Secretario Ejecutivo de las federaciones del trópico y Presidente del Estado, diga por un lado  que hay que reducir y por otro responda a las demandas. Segundo, el tema del Tipnis, obviamente tiene que ver con la presión de los cocaleros y con los colonizadores, llamados hoy interculturales, que son los dos sectores más importantes de respaldo. Ahí hay una acción específica que favorece claramente a los intereses de sectores pequeños del país, en desmedro de las políticas de Estado que deberían ser fundamentales, lucha contra el narcotráfico y preservación del medio ambiente.

¿…y en el caso de Santa Cruz?

Desde el punto de vista económico diría que juega y seguirá jugando un rol fundamental en el país, lo cual es una muy buena noticia. Creo que más allá de las tensiones existentes -que han sido muy duras-, el gobierno ha entendido que la agroindustria, con sus más y sus menos, no puede ser tocada ni afectada porque es un sector estratégico. En el campo energético, el departamento va a ir perdiendo progresivamente relevancia, pero eso no tiene nada que ver con razones políticas sino porque las reservas fundamentalmente están en Tarija; sin embargo, Santa Cruz tiene una ventaja: infraestructura y es el nodo central de distribución.

Desde el punto de vista político –voy a ponerlo moderadamente- las élites muy conservadoras de Santa Cruz han sido claramente derrotadas, pareciera que definitivamente derrotadas. Mi impresión es que hay élites económicas que se están integrando al modelo político del MAS, es decir, que están logrando relaciones de equilibrio y de sensatez porque saben que su destino depende de ello y por lo tanto, como lo han hecho en el pasado y como lo hace cualquier sector empresarial, su relaciones con el Estado tienen que ser buenas y fluidas. Yo creo que la evidencia de que el presidente Morales ha durado siete años y que, eventualmente, puede tener un periodo más, hace que las élites se manejen con racionalidad y con realismo.

Pero el  hecho de que se hayan integrado no quiere decir que su influencia política sea equivalente. Esta es una oportunidad de oro para Santa Cruz, que está en una crisis política y de liderazgo muy importante, para que surja una nueva generación política que no solamente logre recomponer el poder interno del departamento, sino que se proyecte a nivel nacional.

¿Y qué pasa con La Paz?

La Paz tiene un natural peso que la ha consolidado como sede de gobierno. Esto le da una relevancia económica porque genera empleo, porque la burocracia maneja un tipo de valor económico que está ahí. Creo que eso estaba en tela de juicio cuando llegó la crisis de 2003 y se hizo el esfuerzo equivocado para recuperar la capital para Sucre, y no estoy hablando de la legitimidad del reclamo.

Al revés de lo que se esperaba eso consolidó de manera muy fuerte a La Paz como sede de gobierno, con un añadido que antes no existía: El Alto se convirtió en la ciudad garante que no va a permitir que deje de serlo, pero también es la ciudad potencialmente secuestradora porque puede colocar a cualquier gobierno contra la  pared.

Por otra parte, ¿puede La Paz ser un factor de recuperación como centro industrial del país, como lo fue en los años ´40 y ´50? En la medida en que El Alto tenga una dinámica económica espectacular, yo creo que sí. No La Paz, pero las dos son una sola cosa.

El problema de El Alto es su alto nivel de informalidad que llega al 80%. Si se metiera la informalidad alteña en el PIB boliviano, estaría en niveles equivalentes a Santa Cruz, sacando la agroindustria, por supuesto.

¿Cómo percibe el agrandamiento del aparato estatal? ¿Qué implicaciones tiene para las regiones y para los sectores productivos?

Desde el primer momento Morales planteó que la nacionalización de determinadas empresas iba a hacer un camino de su gestión. Por lo tanto, no es ninguna sorpresa. De ahí a lo que estamos viviendo hay una gran distancia. ¿Por qué? Primero y lo más importante, no se produjo ninguna nacionalización. Las empresas están funcionando exactamente igual, pagan un poquito más de impuestos. Lo que se llevó adelante fue lo que hicimos en nuestro referéndum, recuperar el control de la propiedad, comercialización, contratos, políticas de manejo de los hidrocarburos. De ahí en adelante la pregunta es si las nacionalizaciones o recompras de varias empresas que estaban en manos privadas son parte de una estrategia de Estado. Yo creo que no. Son parte de políticas populistas para mostrar el camino de la estatización. El primero de mayo el gobierno nacionaliza algo, lo cual es absurdo-, y lo más grave, producto de presiones sociales de sectores originalmente aliados con el gobierno que están obligándolo a llevar adelante acciones que en el mediando y en el largo plazo no van a ser beneficiosas para el país.

En otras palabras, el agrandamiento del Estado está generando un crecimiento de una burocracia y, eventualmente, un crecimiento de lo que eran ciertas oficinas centrales. Hay que ver cuanta gente de burocracia tiene YPFB en relación a la gente productiva, que es el caso más dramático. En ese sentido, volvemos a un viejo sistema. El momento en el que la bonanza económica termine, el peso burocrático de YPFB y de Comibol va a ser fatal para la salud del Estado y de la población.

Es inevitable referirse a la postergación de importantes proyectos, como el Mutún. Desde su punto de vista, ¿A qué responde este hecho?

El Mutún es uno de los grandes fracasos del presidente de Morales porque implica el haber frustrado uno de los proyectos más importantes de industrialización del país y de la región. Dentro de la lógica de crecimiento y de industrialización -que es parte del discurso del gobierno del MAS-, era una cuestión emblemática. Creo que el ganador no era el correcto y no se cortó a tiempo el evidente fracaso que esto planteaba. Creo que ahí hubo una dubitación del gobierno porque no estuvo muy claro cuál era el contexto del precio del gas que se le iba a dar a la Jindal, y ese fue el nudo gordiano del problema. No estoy en la lógica de pensar que hubo una intención de frenar el Mutún porque creo que los proyectos más importantes de industrialización en el corto plazo son el Mutún, gas química y petroquímica, los tres vinculados a Santa Cruz. En consecuencia, sería un absurdo, un suicidio.

¿Por qué dice que esos proyectos estarían vinculados a Santa Cruz? El gobierno los anunció en El Chapare y en el sur del país.

Sí, es verdad. Originalmente los proyectos de gas química y petroquímica estaban en la frontera, en Puerto Suárez, lo que me parece que tiene más sentido por el lugar de provisión de gas, por la posibilidad de haber hecho el proyecto común en la parte brasileña y en la parte boliviana. Estoy pensando un poco con la mentalidad de mi gobierno, esos proyectos estaban allí, no porque uno esté a favor o en contra de Santa Cruz, sino por un sentido pragmático y de racionalidad.

El desarrollo de los programas que está haciendo el gobierno plantea algo que teóricamente es correcto pero que prácticamente es absurdo. Es decir, teóricamente es correcto el equilibrar los espacios geográficos para que no todo se concentre en un lugar, pero la racionalidad económica debe generar una idea básica: el beneficiario es el país y en esa medida hay que encontrar el espacio geográfico económico y de inversión técnica que sea más rentable y de mejor y más rápida realización.

¿Cómo ve la estatización de ELFEC o lo que ha pasado con Ametex en La Paz o la situación de la mina en Mallku Khota?  

Son casos distintos, creo que todos manejados de manera debatible. El único hilo común tiene que ver con la propia condición de Morales que tiene esa lógica de relación automática entre sí esto es del Estado va a ser beneficioso y punto, no interesa en qué condiciones ni cómo ni cuánto cuesta ni por qué. Yo creo que hay ahí una lectura de tradición histórica. El ´52 nos selló a todos con la idea de que nacionalizar y recuperar para el Estado era bueno.

En el caso de la eléctrica, no veo razón alguna desde el punto de vista de eficiencia, de gestión o de ganancias que justifique la nacionalización, ni de las generadoras, ni la transmisión eléctrica. Podría discutirlo en el caso de la distribución donde el gobierno, sí tendría una lógica, pero irónicamente, no nacionalizó nada.

En el caso de la mina, no existe ninguna racionalidad. Ahí hay sectores de poder que están chantajeando al gobierno y que lo están obligando a hacer cosas que no haría por voluntad propia sino porque la presión de esos sectores es simplemente irrefrenable, de lo contrario se abrirían frentes de oposición.

Si de lo que se trata es salvar los puestos de trabajo, en el caso de Ametex, por qué no hizo lo propio con el Lloyd Aéreo Boliviano, por poner un ejemplo evidente. ¿Cuántos empleados perdió?, ¿2.800?. ¿Por qué en un caso decide hundir una empresa y en otro alquilar una infraestructura?.

Con esa lógica podríamos entrar en una especie de virus en el que digas, esta empresa es poco eficiente, soy empresario ligado al MAS y por lo tanto hago un arreglo para salvarme de la quiebra, la entrego y encima hago pagarme un alquiler.  No quiero hacer ningún juicio de valor en relación a Ametex ni a las personas que la dirigen, sino a la racionalidad del Estado. Lo que vale para esta empresa podría valer para cualquier otra. No me parece un punto de referencia para el empresariado boliviano ni para la gestión política del Estado boliviano.

Entre los grandes problemas que ha enfrentado el sector agroindustrial cruceño están las restricciones para la exportación. ¿Cómo ve esta situación?

Si uno analiza las relaciones entre el empresariado cruceño y el Estado antes de 2009 y hoy, hay diferencia. Yo diría que antes hubo una estrategia del gobierno de debilitamiento de esas élites que tenía que ver con estas medidas de restricción. Habiendo triunfado políticamente y derrotado a las élites económicas, el gobierno empieza a decirles, bueno señores las reglas ahora las discutimos de cero. Las restricciones no son las mismas que fueron en el pasado, se han resuelto de otra manera. Los empresarios ahora son funcionales a una realidad económica.

Los empresarios se quejan de problemas de gestión y falta de capacidad técnica

El déficit mayor del gobierno del presidente Morales  es su falta capacidad de gestión. No tiene equipos que estén a la altura de los desafíos que tienen que enfrentar. Segundo, creo que tiene ciertas obsesiones estratégicas de largo plazo que están demasiado ancladas en una visión desarrollista, planteado en términos de la construcción de carreteras per se es un hecho positivo, pero el tema del Tipnis me parece central.

El desarrollo maximalista o voluntarista, es decir, Cochabamba, Potosí y Oruro necesitan empresas y por lo tanto, las hago -como una cementera en Potosí-,  no responde a una visión realista. Yo creo que hay respuestas que están vinculadas al voluntarismo de creer que la generación de desarrollo y de empleo es automática porque se pone una planta. El fracaso de Papelbol me parece más que palmario para no seguir insistiendo en esa lógica.

Luego tenemos el proyecto San Buenaventura que en mi opinión, no responde a la racionalidad económica. Yo creo que aquí, al igual que en el caso de gas química y petroquímica, estamos forzando las cosas en sectores geográficos con vocación distinta cuando tenemos tierras con mejor condición agrícola en Santa Cruz.

Creo que hay que establecer una estrategia de desarrollo en la lógica y la racionalidad económica, en el lugar donde tenga que hacerse, y la compensación por la vía de una mejor redistribución del IDH.

También hay que analizar cómo desarrollar otros ámbitos. Si pudieras llevar adelante la industrialización de la quinua, vas por un buen proyecto, al igual que si pudieras racionalizar la producción de la minería, pero no estamos yendo por esa vía sino que estamos cargando de empleados a la empresa estatal (YPFB), aceptando la irracionalidad de las cooperativas, frenando y haciendo una parcelación poco sensata en el ámbito de la minería.

¿Qué es lo que se debería hacer en el oriente?

La respuesta más inteligente sería mejorar la productividad de algunos productos agrícolas. Las tierras más fértiles del país y las de mayor productividad están en Santa Cruz; generar una política atractiva para combinar gran, mediana y pequeña industria; generar respuestas a las posibilidades de crecimiento en distribución de tierras, cuál es el margen de frontera agrícola sensata en el ámbito agroindustrial que se puede cubrir con mercados, estás trabajando por una conquista de mercados nuevos para la agroindustria. No conozco que eso se esté haciendo. Nos estamos manejando por inercia.

Creo que hay que recuperar el Mutún y recuperar gas química y petroquímica en la región de Puerto Suárez, creo que hay que terminar de una buena y santa vez la carretera Puerto Suárez-Santa Cruz. Me parece algo insólito que no la tengamos lista todavía. Hay una falta de voluntad política en infraestructura, en ampliación de la frontera agrícola, en conquista de mercados y en recuperación de proyectos industriales de primerísimo orden.

¿Qué pasa con los mercados internacionales? Si consideramos que se han perdido importantes, como el ATPDEA, y que el mercado a Venezuela no llegó a desarrollarse?

Cuál es la política del Estado boliviano a nivel internacional, que sea sustitutiva de su negativa sistemática a los TLC, a las negociaciones de bloque con la Unión Europea, a lo que está pasando en el escenario de incorporación de Venezuela en el Mercosur. Bolivia está en un sándwich entre una comunidad andina cada vez más debilitada y un Mercosur en el que no participa.

Igual que en el ámbito de las nacionalizaciones, no hay una estrategia, simplemente una retórica en el ámbito de la política exterior. El ALBA no es la respuesta y lamentablemente nadie puede asumir con seriedad las relaciones bilaterales con Venezuela que han demostrado ser un fracaso, no sólo en el ámbito de los textiles sino también en el energético. Qué ha hecho PDVSA en siete años en inversiones que valga la pena mencionar. Creo que falta una estrategia alternativa y eso está haciendo que vayamos por inercia, es decir, que lo que conquistamos antes es lo que está dando ingresos. ¿Dónde están los nuevos mercados para la agroindustria, para los textiles, para la energía?

¿Hemos trascendido las lógicas de confrontación oriente-occidente, camba-colla, oligarca-movimientos sociales?

Este es un gran problema. El objetivo de recomponer el pacto social con la nueva Constitución no se logró, por la forma en que se aprobó en medio de esa terrible confrontación porque el texto constitucional plantea incongruencias, y en mi opinión, excesos. Pero sobre todo porque el discurso del gobierno no es un discurso de unidad.

El presidente Morales no ha logrado hacer que la clase media y el oriente boliviano y el norte y el sur se sientan identificados con la propuesta política y el proyecto histórico porque en él hay una fuerte influencia andina y aimara. La recuperación de lo indígena me parece muy bien pero también se ha demostrado que este no es un proyecto indígena universal, este es un proyecto indígena aimara, por encima del quechua y en desmedro de los indígenas de los llanos. Por supuesto, esto genera tres tipos de confrontación no resueltos: la confrontación indígena–no indígena, de regiones oriente-occidente y de clases sociales. Entonces, creo que ésta es una herencia negativa que nos va a dejar el gobierno del presidente Morales.

RECUADROS 1

“Hay que hacerle un elogio al gobierno. Ha manejado la macroeconomía de manera inteligente.  La bonanza económica ha sido una extraordinaria oportunidad  que ha permitido al país un crecimiento importante, pero se ha desaprovechado porque no hemos generado un cambio de matriz productiva. No se puede negar que el país lleva cinco años de crecimiento sostenido, ha duplicado el PIB, se ha reducido la pobreza de manera significativa, hemos tenido elementos interesantes que no se pueden desconocer, pero el manejo productivo es absolutamente ineficiente y equivocado”.

RECUADROS 2

“Desde el punto de vista político, tenemos el primer gobierno en muchos años con una legitimidad de convocatoria extraordinaria y el gobierno más autoritario del proceso democrático, sin ninguna duda, que aprovechándose de esa legitimidad del voto está generando la judicialización de la política, la desestructuración institucional y por lo tanto, el debilitamiento de democracia”.