Sobre los Decretos de Amnistía de 2003. Amnistía no es Igual a Indulto

El “descubrimiento” bastante tardío -hay que decirlo- de los decretos que dictamos en octubre y noviembre de 2003, han generado una amplia polémica después de la sentencia de la Corte Suprema en torno a los hechos de octubre.
Es obvio que hay una intención política de descalificarlos y un interés de los responsables que dieron las órdenes políticas que llevaron al Alto Mando Militar de entonces a actuar generando un saldo de 67 muertes, de desviar la atención y llegar al punto de que quienes actuamos apegados al respeto a los DDHH y respetando a las FFAA jamás las pusimos en el trance de disparar contra los ciudadanos, acabemos como “culpables”. Es parte del largo camino recorrido por quienes no tienen el valor civil de asumir la responsabilidad que los toca, y  que han rematado cargando todo el peso de esos actos en generales y el almirante de nuestras FFAA que hoy cumplen una dura condena por lo acontecido.
En torno a los decretos de amnistía, amplío ahora algunas consideraciones indispensables para comprender su naturaleza jurídica y desbaratar los argumentos que algunos comentaristas de este blog han realizado.
Maliciosa y deliberadamente se confunde la amnistía con el indulto. La amnistía, a diferencia del indulto, tiene efectos jurídicos generales con relación a tipos penales abstractos establecidos en la ley, cuando todavía no se ha determinado en concreto la existencia de delitos ni la responsabilidad penal de personas individualmente procesadas. Con la amnistía todos los ciudadanos gozan de la presunción de inocencia que les garantiza la Constitución. En cambio, el indulto produce efectos particulares con relación a personas que han sido condenadas mediante sentencia judicial ejecutoriada; en este caso la persona indultada es perdonada de la comisión de un delito que ha cometido y ha sido comprobado mediante un proceso judicial. Los Decretos de Amnistía han dispuesto la Amnistía y no el Indulto, con relación únicamente a los delitos cuyas penas se agravaron en la Ley de Seguridad Ciudadana. Por tanto al no poderse iniciar acciones penales por la Ley de Seguridad como consecuencia de los decretos de Amnistía, quedaba y queda expedita la acción penal por los delitos establecidos en el Código Penal, con relación al cual los mencionados decretos no produjeron ningún efecto jurídico; es decir que éstos decretos sólo limitaron la posibilidad de aplicar las penas agravadas de la Ley de Seguridad Ciudadana y no las penas no agravadas del Código Penal, incluso por los mismos delitos coincidentemente tipificados en la Ley de Seguridad Ciudadana y en el Código Penal. En concreto, cualquier ciudadano, incluidos los responsables políticos de los sucesos de octubre, podía y todavía puede querellarse con relación a todas las personas que habiendo participado de los hechos de septiembre y de octubre, considere que son responsables o culpables de delitos contra el gobierno, establecidos en el Código Penal; lo que no podrá hacer es querellarse para tratar de aplicar penas agravadas de una ley especial, cuya única finalidad fue criminalizar la protesta social para detener lo inevitable: la total pérdida de legitimidad del gobierno en septiembre y octubre de 2003.
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6 pensamientos en “Sobre los Decretos de Amnistía de 2003. Amnistía no es Igual a Indulto

  1. Ya entrados en consideraciones jurídicas, con respecto a las cuales, sin embargo, no le es exigible precisión científica alguna Sr. Mesa, debo anotar lo siguiente:

    Sus Decretos, por la naturaleza del fenómeno denominado “vigencia”, siguen siendo válidos y nocivamente eficaces, por tanto, no le debiera susceptibilizar el hecho de que sean jurídicamente estudiados en el instante de su publicación, o incluso decenas, centenas o miles de años después. Además, si bien es cierto que jurídicamente los delitos -bajo inexorables requisitos y casos en específico- se pueden extinguir por prescripción, no corren la misma suerte los hechos -históricos- que los satisfacen, con respecto a los cuales la verdad histórica puede ser siempre investigada (tardía o tempranamente), regla que usted “inequívocamente” debiera saber. También debo anotar, para su seguridad, que “nunca he renunciado” a mi valor civil, y que el camino al que usted alude no lo hemos recorrido yo ni mis creencias, y por tanto no me es atribuible responsabilidad civil, penal ejecutiva o administrativa inherente a ilícitos realizables en las situaciones jurídicas de Presidente, Vicepresidente y Ministro de Estado, porque sencillamente nunca las he ocupado, si es lo que le angustia.

  2. Ahora bien, vuestras insinuaciones jurídicas carecen de veracidad porque:

    1) La presunción de inocencia está y estuvo siempre garantizada por el orden público establecido en el parágrafo I del Artículo 16º de la Constitución Política del Estado de 1967. Sin necesidad de que, se crea, fuera “graciosamente concedida” por alguno de vuestros Decretos. Sería bueno que la leyera con más atención.

    2) El tipo penal realizado en todos sus requisitos por la acción humana, recibe el nombre de delito, y éste existe, DECLARADA O NO LA RESPONSABILIDAD de su agente por una sentencia con carácter de cosa juzgada (Maier, Binding, Von Liszt, Roxin, Bustos). No olvide, que el Órgano Judicial por su “naturaleza jurídica”, sólo conoce de hechos pasados.

    3) La “amnistía”, para la ciencia jurídica penal, es una institución que tiene como efecto “tener por nunca acaecido el hecho ilícito” (Nino, Cabanellas, Schmitt). Siendo entonces innecesaria la consideración de su tipicidad, antijuridicidad y punibilidad. En cambio, la institución jurídica denominada “indulto” sólo opera con respecto a acciones ilícitas, típicas, antijurídicas, culpables y punidas (Mújica, Bustos, Schmitt). Por tanto, sólo extingue o interrumpe la pena.

  3. No obstante cabe citar las consideraciones de la eminencia jurídica Carl Schmitt, en uno de sus últimos aportes (original de 1949 replicado en el año 1977 en EL PAÍS), bajo el título mismo de “Amnistía es la fuerza de olvidar”, que explicaba: “Se cree que amnistía significa que el Estado deja de perseguir una gran cantidad de acciones o delitos. Así, la amnistía se convierte en un indulto colectivo o en una abolición colectiva, es decir, abolición del procedimiento penal y judicial.” Para el mismo, y según lo hace saber en el artículo, la amnistía podría llegar a significar -inclusive- la conclusión de una etapa de eventos históricos. Pero en cuanto nos interesa, y partiendo de la citada referencia, la amnistía comporta ser una institución jurídica cuyos efectos llegan a extinguir el delito en sí; o bien la situación jurídica -de culpabilidad- de quienes en su momento accionaron un curso causal que correspondió sus conductas con algún tipo penal presupuesto, para -en efecto- restituirles sus preexistentes estatus de inocencia. La amnistía se distingue del indulto, ya que este último no extingue la situación jurídica de culpabilidad del sujeto, sino que tiene un efecto más bien suspensivo sobre el cumplimiento de la pena de un sujeto ya punido. En efecto Sr. Mesa su Decreto reconoció expresamente, que quienes fueron beneficiados con su “perdón político”, HICIERON JURÍDICAMENTE TÍPICAS SUS CONDUCTAS con alguna clase (o muchas) de DELITOS DE ORDEN PÚBLICO. Poco importando si usted quiera -hoy- escudarse con haber amnistiado según la “Ley de seguridad ciudadana”, en su supuesta “criminalización política”.

    4) En adición y para el sistema jurídico boliviano establecido por la Constitución Política del Estado de 1967, según disponía con la fuerza del orden público el numeral 19) de su Artículo 59º, la institución jurídica de la amnistía sólo podía ser aplicada y concedida “por delitos políticos”, y por oposición, entonces, la institución jurídica del indulto sólo podía ser aplicada y concedida con respecto a delitos de naturaleza “no política”. En tal sentido, no debiera Sr. Mesa, “equívocamente” confundir ambas instituciones.

  4. 5) Le recuerdo además, que no es vuestro Decreto el que le hizo “conocer” al Derecho boliviano la institución de la amnistía, porque ésta ya formaba parte de su antecesor sistema, mismo que aún entrada la República continuó en vigencia como vuestra persona debiese saber, y fue establecido por la Ley de las Siete Partidas (Cabanellas).

    6) Finalmente, cuando en la ciencia jurídica se utiliza las palabras “orden público”, no se hace con ellas “equívoca” referencia a nebulosas ideas, o programáticas referencias discursivas, tal cual usted hace, sino que técnicamente denotan a las normas que son inmodificables, inderogables e indisponibles por los sujetos de Derecho (Hauriou, Posada, Capitant, Zagües). Y que por el contrario NO SIGNIFICAN TRANQUILIDAD PÚBLICA (Cabanellas).

  5. Para empezar el juicio de responsabilidades de octubre negro esta totalmente viciado ya que los autores no se encuentra en el pais y el alto mando militar solo cumplio con la CPE y con el Capitan General que era el presidente ahora bien si no cumple con el Capitan General la CPE los demanda por incumplimiento de ordenes y ahora por cumplir ordenes estan en la carcel!!!! la NCPE dice tambien que el alto mando militar cumplirá ordenes del capitan general
    Entonces que hicieron mal el alto mando?¿? cumplir??? obedecer¿? las FFAA no deliberan CUMPLEN!!!!
    ahi esta el lema SUBORDINACIÓN Y CONSTANCIA
    Gracias

  6. La polémica, entiendo, surge no por aplicar amnistía o indulto sino por calificar el hecho (que pudiera adecuarse al tipo penal sedición o conspiración) como protesta social, y sobre todo por liberar – bajo cualquier causal – a una de las partes identificadas inequívocamente, no actuando de la misma manera con la otra.

    Si bien hoy aún es posible querellarse contra esa parte liberada, en los hechos es imposible, lo cual obviamente no es por causa suya.

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