El Rompecabezas Indígena

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Publicado en El País de Madrid el 6 de agosto de 2010

Cuarenta y nueve cuadrados pequeños dentro de uno mayor y los siete colores del arco iris conforman la segunda bandera oficial de Bolivia. Hasta donde sé, es el único país del mundo que tiene dos banderas.

Se trata de la wiphala que aunque representa exclusivamente una parcialidad de la sociedad, a los indígenas quechuas y aymaras de Bolivia (aún se polemiza sobre si la tal bandera fue tomada de banderas de raíz medieval traídas por los conquistadores españoles, o si ya existía en el mundo prehispánico), está consagrada oficialmente como la “otra” bandera boliviana.

Hay una cierta relación entre el número de cuadrados de la wiphala y las treinta y seis naciones indígenas reconocidas por la Constitución vigente desde 2009. Naciones que cubren un espectro tan dispar como las diferencias demográficas entre la mayor y la menor de ellas. Los quechuas son 2,7 millones de personas sobre un total de diez millones y medio de bolivianos; en tanto, los pakawaras (etnia amazónica) suman apenas veinticinco personas. Es sobre esa visión en la que nación, pueblo y etnia se han definido en una sola categoría: “indígena originario campesino”. El presidente Evo Morales no gobierna ya la República de Bolivia (1825-2009) que conmemora su creación el 6 de agosto, sino el Estado Plurinacional de Bolivia que la conmemora el 22 de enero.

A dos banderas, dos justicias, la denominada Justicia Ordinaria y la denominada Justicia Indígena originaria campesina, que es válida para las naciones y pueblos indígenas y que se ejercerá a través de sus autoridades, basada en los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Estas atribuciones tienen como límite la obligación del respeto al derecho a la vida y las prerrogativas de la propia Constitución. En teoría, su aplicación está circunscrita sólo a los indígenas y a los hechos producidos dentro de una jurisdicción indígena.

En mayo pasado, cuatro policías fueron linchados en una región del departamento de Potosí, fue el hecho más dramático de una secuela de linchamientos que ha vivido Bolivia en los últimos años. Tras algunos días de confusión y versiones contradictorias, un cabildo indígena, reivindicó el linchamiento, lo justificó acusando a los policías asesinados de extorsionar a los pobladores, y estableció que por tratarse de una región indígena no aceptaba la presencia de autoridades del Estado para investigar el caso. Tras varios días de negociación la comunidad accedió a devolver los cadáveres,  previa firma de sus familiares de un desistimiento de cualquier juicio en contra de los asesinos. La zona, fronteriza con Chile, es uno de los pasos más importantes de contrabando de automóviles y de tráfico de drogas. En esta ocasión, como en todas las anteriores en que se produjeron hechos similares, las autoridades afirmaron que tal proceder no tiene nada que ver con la justicia indígena, pero lo que queda claro es que en ningún caso han detenido ni acusado, ni menos condenado a los autores intelectuales o materiales de estas atrocidades.

En tanto, el escenario de la aplicación del nuevo modelo jurídico y su compatibilización con la Justicia Ordinaria es una gran incógnita. Las preguntas son muchas más que las respuestas. Al tratarse de una justicia basada en usos y costumbres, no está escrita; su ejercicio hasta ahora se limitó a delitos menores ¿Se aplicará ahora para todo el espectro considerado por los códigos penal, civil, comercial, etc., existentes en la Justicia Ordinaria? ¿Se trata de una justicia común para todas las naciones y pueblos indígenas, o tendrá treinta y seis versiones equivalentes a igual número de pueblos y naciones reconocidos por la Constitución? Los límites jurisdiccionales de las autonomías indígenas no se han establecido aún. Se infiere que se aplicará solamente en el ámbito rural, lo que es relativo ya que por lo menos un centenar de los municipios de Bolivia son o total o mayoritariamente indígenas y tienen en su seno varias ciudades. Buena parte de la población quechua y aymara -ciudadanos que se encuadran en la definición de nación indígena- está establecida en grandes áreas urbanas como La Paz, El Alto, Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro e incluso en Santa Cruz de la Sierra. Volvamos a la Constitución; en su texto se entiende como nación indígena: “…toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión” y una condición muy peculiar que define la posibilidad de ser nación con un corte a cuchillo de la cronología: “…cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”, lo que ha obligado a crear una categoría separada, la de los afrobolivianos (alrededor de 25.000 personas) que no son ni nación originaria ni “comunidad intercultural” (los no indígenas), ya que llegaron como esclavos después de la conquista española.

Por supuesto, se producirán muchos hechos penales que involucren a indígenas y no indígenas. ¿Cómo funcionará la ley en esos casos? ¿Qué sistema jurídico y dónde se aplicará? ¿Cómo dirimir esos conflictos entre un sistema organizado y positivo a través de códigos y leyes muy claras y otro basado exclusivamente en la tradición secular sin base escrita? La idea de territorialidad podría también plantear conflictos. El complejo urbano La Paz-El Alto que tiene dos millones de habitantes podría, sobre todo en El Alto, entenderse como una territorialidad aymara, ya que más del 80 % de sus habitantes tienen ese origen.

La administración de Justicia Originaria además, nace de un contexto histórico en el que las decisiones de castigo a una infracción de la ley se han hecho  a partir de personas que llegan al mando anualmente y de modo rotativo y que sólo ejecutan las decisiones de la comunidad. No deja de ser significativo que el cabildo, institución hispánica, sea el mecanismo a través del cual esas comunidades toman decisiones.

En este complejo entramado hay que añadir otros elementos. La Constitución reconoce a los indígenas: “su libre determinación que consiste en autonomía, autogobierno…y consolidación de sus entidades territoriales”. Les reconoce también: “el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios”. Más todavía: “las naciones y pueblos indígenas en aislamiento o no contactados, gozan del derecho de mantenerse en esa condición”. La pregunta es si eso implica la limitación del Estado de cumplir en esas comunidades con su obligación de proveer a todos los bolivianos de acceso a la educación, la salud y el saneamiento básico.

Más todavía. Sólo pueden ser servidores públicos quienes hablen dos idiomas oficiales del país. De acuerdo al último censo, el 67 % de los bolivianos son monolingües (incluidos el presidente Morales y el vicepresidente García Linera), lo que vulnera a ese 67 % un derecho ciudadano fundamental.

La premisa teórica del nuevo Estado presupone que en vez del “vivir mejor” occidental, se debe imponer el “vivir bien” de los indígenas. Vivir bien plantea, sin embargo, un punto de partida que no puede ser el actual en el que más del 60% de los bolivianos viven en la pobreza y más del 35 % en la extrema pobreza, la mayoría de los cuales son indígenas.

El proyecto estatal de Morales apoyado en una hegemonía indígena aymara ha comenzado a ser cuestionado desde sus propias bases y desde regiones de los llanos del país, que se dan cuenta que el discurso tiene un fuerte tinte andino y no respeta las demandas de las “naciones” pequeñas.

Pero quizás la mayor ironía que le ha tocado a Morales es la detención del amauta (sacerdote andino) que le impuso en 2006 los símbolos del poder ancestral en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, en una ceremonia de alto contenido simbólico. Hoy se conoce al personaje como el “narcoamauta”, ya que él y otras personas fueron detenidos cuando procesaban 240 kilos de droga. Un golpe de realidad en medio de la visión idílica que Bolivia proyectó hace cuatro años y medio.

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2 pensamientos en “El Rompecabezas Indígena

  1. Un ensayo interesante con un enfoque realista…del nuevo modelo de país orquestado y planificado por el binomio MORALES-LINERAS. Con una constitución nacida en la ilegalidad o por lo menos inconstitucional…una nueva constitución que por su naturaleza tendría que ser conciliadora y nacida del consenso general…no es conciliadora, todo lo contrario trae en su seno y esencia el poder de la división y acrecentamiento de las diferencias ya existentes e inmensas …no nació del consenso, pues nació con la ayuda de usa serie de modificaciones y alteraciones creados por cabildos abiertos y constitucionalistas…Ignorando, arrollando y subordinando a una débil oposición…y para mayor descaro una constitución hecha a medida por un bufete ESPAÑOL…que vulnera muchos derechos, que muy lejos de ser consensuada es una directa imposición que subordina a un sector de la población…cuyos cambios y modificaciones echan por tierra muchos aspectos importantes de forma y fondo…de forma..Modifica los símbolos patrios pues implanta nuevos símbolos patrios que muy lejos de identificar a la colectividad…identifican (dudosamente)…a un sector indígena occidental…anular a futuro el 6 de agosto (aniversario patrio)..y reemplazarlo por el 22/01/2009 (creación de la REPUBLICA PLURINACIONAL Y MULTIETNICA)…ETC…ETC… y de fondo en la modificación e implementación de nuevas formas y usos del concepto NACION y sus acepciones…dando lugar a cambios en lo que a justicia corresponde, en lo económico…vulnera el principio fundamental de la propiedad privada…en lo político la anulación y persecución de la oposición…vulnerando el derecho que todo ciudadano tiene a cuestionar los actos de las personas que ejercen el poder…en fin..una total caída en el AUTORITARISMO Y VAMOS DE CAMINO AL TOTALITARISMO…

  2. bochornosa contitucion
    y la verdad creo que el gobierno no habia necesitado oposicion, se autodestruyen, el enemigo esta dentro y su modelo esta roto haciendo aguas por todos lados.

    bien que los chivos expiatorios ya no estan con lo que su caida va a ser mas contundente

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