Publicado en Poder y Placer, agosto de 2010

Hemos llegado a un punto en el que es imposible mirar para otro lado. Nada hay ya que nos permita pensar que el proyecto del “Estado plurinacional” es algo diferente a una realidad descarnada de poder autoritario que está hiriendo de muerte a la democracia.

El voto ha sido usado a partir de una gran esperanza y de una gran promesa. La esperanza se desvanece y la promesa ha sido traicionada. No hay un proyecto nacional cuyo objetivo sea el engrandecimiento de la Nación y sobre todo de los seres humanos que hacemos parte de ella. No hay proyecto nacional que permita pensar que los desheredados del pasado, aquellos que vieron en el Presidente el espejo de sus rostros, sean realmente protagonistas, no de la retórica política, de los discursos y del uso descarado de su apoyo a favor de los poderosos, sino de programas estructurales de inversión social que transformen de modo radical sus actuales condiciones de vida. Cuatro años sostenidos de bonanza sin precedentes dilapidados, demuestran la absoluta carencia de propuestas y de una aplicación estructural para derrotar la extrema pobreza rural y la preocupante pobreza urbana.

Este gobierno desarrolla una estrategia de demolición, no del pasado, sino de la democracia, la libertad y de los derechos humanos. El trípode de esa estrategia es la destrucción de la Justicia, del Sistema Electoral y de las Autonomías.

El primer paso fue la “ley corta” que le entregó al Presidente plena potestad en la justicia con el nombramiento a discreción de casi todo el Poder Judicial. Esta ilegalidad mayúscula cometida por la Asamblea, ha permitido antes de la elección popular de las nuevas autoridades judiciales, el nombramiento de toda la pirámide de jueces del país, que obviamente responden a su vértice, a quien los nombró, el Presidente de la Nación. La Constitución, además, viola un principio universal de derecho al aceptar la retroactividad de la ley. Consistente con esa aberración, está la ley “Quiroga Santa Cruz”, que con el celofán impecable de la lucha contra la corrupción se convierte en una maquina trituradora de enemigos políticos. La acompaña la reforma del sistema penal que además del endurecimiento de penas, amplia la discrecionalita del Ministerio Público violando garantías básicas de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional ha perdido la preeminencia en la interpretación de la Constitución, asignando a la Asamblea esa prerrogativa, lo que garantiza el blindaje de todo este sistema legal y judicial para la perpetuación y concentración del poder actualmente vigente.

La Constitución y la ley del Órgano Electoral. Debilita su poder y autonomía, amplía arbitrariamente las facultades del Presidente de hacer nombramientos directos  vulnerando la independencia de poderes, limita la libertad de expresión de los medios y la difusión de encuestas en tiempo electoral, y debilita a sus miembros al estar éstos librados a ser destituidos por el voto mayoritario ¡de sus propios colegas! Por si fuera poco, este Órgano es subordinado al “control social” (una hidra de muchas cabezas) que tiene autoridad  para vetar candidatos. Aplicando la Constitución, que también en esto vulnera derechos humanos básicos de ciudadanía, establece que desde la próxima elección el 67 % de los bolivianos estamos prohibidos de ser elegibles, pues somos monolingües, ya que es obligatorio el conocimiento de un idioma nativo además del castellano para ser candidato a cualquier cargo público.

En lo que toca a las autonomías, se insiste en mantener otra “ley corta”, la de la amenaza permanente. Una simple acusación de fiscal implica la suspensión del cargo de la autoridad elegida por el pueblo y –encima- la posesión del perdedor en el cargo vacante. Las competencias de los departamentos han sido recortadas reproduciendo el centralismo. En cuestiones de recursos económicos se ha mantenido congelado el mecanismo de distribución, sin que el gobierno central ceda nada. Tampoco se establecen conceptualmente los mecanismos autónomos de reasignación de recursos. Finalmente, no se han sentado las bases de un pacto fiscal nacional que considere en él a las autonomías.

El colofón de este escenario es el manto de miedo sobre el país. Se llama persecución política y judicial. De lo que se trata es de es mezclar a justos con pecadores, culpables con inocentes. Todos son sujetos de ser citados, acusados, juzgados, condenados, o ir presos. Los que se van del país son culpables por definición. La criminalización de la política y del pasado es parte de este juego. Centenares de compatriotas están hoy en calidad de refugiados o asilados políticos en diversos países. Los fiscales y jueces han sustituido al malhadado “control político”, y el ministerio de Transparencia en vez de desarrollar una la línea preventiva, fortalecer la educación para la transparencia y modificar las conductas éticas de la sociedad, es una especie de Gestapo cuyo único objetivo es “freír peces”, cuanto más gordos mejor. En tanto, el último informe de Transparencia Internacional, cuatro años después de la instauración del “nuevo Estado”, muestra a Bolivia en el lugar 120 de corrupción entre 180 países, con una calificación negativa de 2,7 sobre 10.

No se puede seguir en silencio ante esta terrible realidad. Es tiempo de que la sociedad boliviana actúe para frenar este camino al autoritarismo. Es tiempo de que los demócratas de verdad, más allá del miedo, digamos al unísono ¡Basta! Es tiempo de articular a quienes creen en una Bolivia democrática para detener esta arremetida que nos deja cada vez menos margen para ejercer nuestros derechos y garantías ciudadanas, es decir, nuestros derechos humanos más elementales. No hay proyecto de Estado posible cuyo costo sea la democracia y la justicia. Estamos al borde de que la última bocanada de oxígeno llamada libertad nos sea recortada. Simplemente no debemos admitirlo.