Tomado de un artículo de José Gramunt

Iglesia Viva 24.2.10.- Un periódico de La Paz publicó el viernes pasado una composición fotográfica en cuyo recuadro aparecían los rostros de cuatro ex presidentes: Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge “Tuto” Quiroga, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé; además, las del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Eddy Fernández y de Rosario Canedo, ministra suspendida de la Corte Suprema. Sólo faltaba que encima de las fotografías hubiesen inscrito en letras grandes la palabra “Wanted”, como en la puerta del “sheriff” del viejo “far west”.

por José Gramunt SJAl lado de cada fotografía personal se inscriben los principales cargos de los que se les acusa Algunos, gravísimos, tales como el de genocidio, traición a la patria, y algunos otros que van en escala descendente hasta, por ejemplo, el de haber causado daños económicos al Estado, soborno, uso indebido de influencias y algunos más. No se acusa a ninguno de haber manejado un vehículo en estado inconveniente.
El diligente periodista que armó esa página dijo más de lo que él quería. Nos dio la imagen (que vale más que mil palabras) de una de las facetas menos honrosas del Gobierno masista: el revanchismo, la venganza, el miedo. En efecto, la Asamblea Legislativa Plurinacional —no contenta con una legislación penal vigente— anuncia con bombo y platillos la aprobación de una ley transitoria “para juzgar sin privilegios” a las ex autoridades mencionadas. Cualquiera podría pensar que en Bolivia no existen códigos que tipifiquen los supuestos delitos ni los procedimientos penales que apliquen sus correspondientes sanciones. Todo el mundo sabe que estas leyes están vigentes a partir del momento en que fueron promulgadas y, según ellas, hay que juzgar. Pues bien, contra toda la experiencia jurídica mundial que enseña que los laberintos legales, es decir, el exceso de leyes más allá de las necesarias y convenientes, producen confusión y originan corrupción, el Ejecutivo y la Asamblea, a fuerza de promulgar leyes cortas, leyes rápidas, leyes transitorias y otros preceptos —ahí está el laberinto— ha caído en un síndrome normativista, peor aún, hiperpenalista, represivo, intimidador. En estas condiciones, la soñada seguridad jurídica pasa a ser una quimera vaporosa. Por el contrario, el miedo pasa a ser el instrumento más utilizado por el poder. Muy en especial cuando se trata de intimidar, silenciar y perseguir a ciudadanos que no le caen bien al gobernante. Con ellos se ensaña. Otros que hacen de las suyas al amparo del poder, siguen tan campantes. Sobre el pretexto de las leyes cortas, rápidas, transitorias y demás eufemismos supuestamente revolucionarios, el partido de gobierno está edificando un monumento a la arbitrariedad y a la intimidación. Y esto ocurre precisamente cuando la doctrina penal moderna ha ido humanizando normas y procedimientos que antes se aplicaban con rigor extremo.
En conclusión, no parece muy consistente gobernar a fuerza de leyes transitorias. Lo transitorio es, por definición, provisional y pasajero, opuesto a la continuidad y a la consistencia. En pocas palabras, las leyes transitorias entorpecen la seguridad jurídica o, simplemente, la anulan.