Alcances de la misión de estudio

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) desplegó en Venezuela una delegación de estudio e investigación del proceso electoral parlamentario del 6 de diciembre de 2015, compuesta por personalidades políticas y académicas, así como por expertos electorales latinoamericanos, equipo del que formé parte. La delegación efectuó dos visitas a Venezuela, una en noviembre y otra en diciembre. En ambas oportunidades se reunió con un amplio, plural y representativo grupo de dirigentes políticos, autoridades institucionales, investigadores, líderes de organizaciones de observación electoral, dirigentes gremiales, representantes de la comunidad internacional.

Una de las reuniones de trabajo del equipo del IIDDHH en Caracas

La delegación estuvo compuesta por Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia; Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia; Delia Ferreira, investigadora del Centro de Estudios Políticos Públicos Aplicadas de Argentina; Fernando Ojesto, ex presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México; Salvador Romero Ballivián, director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral; Rotsay Rosales, catedrático de la Universidad de Costa Rica; Ricardo Valverde, oficial de programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

El resultado que reflejó un claro triunfo de la oposición, ha expresado la voluntad popular en un momento importante de la historia venezolana. El reconocimiento rápido de ese triunfo hecho por el presidente Nicolás Maduro constituyó una señal positiva para la democracia. Se inscribe en la tradición de una de las democracias más antiguas de América Latina.

Una vez conocidos los resultados, y aceptados por los actores políticos contendientes, se ofrece la declaración preliminar de evaluación sobre las condiciones de la campaña electoral y de la jornada electoral.

 El escenario político y electoral

El escenario político puede caracterizarse como polarizado, política y socialmente entre un bloque oficialista (agrupado alrededor del Gran Polo Patriótico, cuyo eje es el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) y un bloque opositor (concentrado en la Mesa de la Unidad Democrática, MUD), sin que terceras fuerzas alcancen un papel relevante. La polarización asentada desde hace más de tres lustros, cargó la elección parlamentaria de tensión ante la probabilidad, anunciada por las encuestas, que podría cambiar la mayoría en la Asamblea Nacional (AN). Esta perspectiva, habitual en las democracias, provocó declaraciones y actitudes beligerantes, y desbordó la rivalidad partidaria para contagiar el comportamiento de las instituciones que debieran estar por encima de las rivalidades partidarias, como garantes del bien común.

Pese a la intensa polarización, la sociedad asumió una actitud serena que contribuyó, en general, a una campaña con pocos incidentes violentos. Ello no exime la necesidad de esclarecer de manera definitiva los escasos casos que se produjeron.

 Las condiciones de la campaña parlamentaria

La campaña electoral se desarrolló bajo condiciones poco frecuentes y poco favorables en América Latina, que recortan la competitividad y la equidad en la competencia. Cuatro rasgos adquieren especial relevancia: la restricción de derechos políticos, la labor presionada de los medios de comunicación, la desigualdad de recursos entre los dos bloques y decisiones institucionales sesgadas.

Las restricciones al ejercicio de los derechos políticos ciudadanos, en particular las medidas de privación de libertad e inhabilitaciones de dirigentes de oposición, limitan el libre juego en la campaña y el debate, amenazan el disenso, dificultan la vida partidaria, entorpecen la posibilidad de la alternancia pacífica, ordenada e institucional, característica de un régimen democrático. Se sumaron en este acápite, las condiciones complejas para las campañas en las áreas fronterizas sujetas al estado de excepción. Por último, las organizaciones de observación electoral nacional tienen restricciones para la cobertura de los comicios, cuando es práctica común en América Latina que desplieguen sus observadores sin cupos preestablecidos y dispongan de libertad para expresar su valoración del proceso en el momento que estimen oportuno.

Los medios de comunicación encuentran restricciones que han debilitado el pluralismo informativo. Muchos han pasado a girar en la órbita gubernamental y otros se encuentran bajo presiones de distinta índole (acceso restringido a material, incertidumbre jurídica sobre las concesiones, etc.) que propician prácticas de autocensura. Los medios públicos actúan de manera casi exclusiva como portavoces del gobierno y del partido gubernamental.

La desigualdad de recursos, conocida en Venezuela como “ventajismo”, implica más que un desequilibrio de los tiempos de propaganda en los medios, muy favorable al bloque oficialista. Conlleva una movilización de recursos económicos, humanos y materiales desde el Estado para beneficio de los candidatos gubernamentales. El Estado fue el instrumento de un bloque. Aunque se trata de una práctica arraigada en la cultura política, en 2015 se exacerbaron sus modalidades, efectos y alcances.

Por último, las decisiones institucionales tienen sesgos recurrentes que favorecen al oficialismo y penalizan a la oposición. Ninguna de ellas ha sido en sí misma fundamental para el resultado del proceso electoral pero su suma vulnera la equidad y competitividad: diseño de circunscripciones favorable a tradicionales bastiones gubernamentales; necesidad de reacomodo de las candidaturas tras la aprobación de la ampliación de la cuota femenina, un hecho positivo pero extemporáneo; la ubicación lado a lado de las franja de las organizaciones MIN – Unidad y MUD, con colores y símbolos muy parecidos, etc. Asimismo, se nota una tendencia de las instituciones por la interpretación más cerrada de la norma en vez de enfoques más garantistas, que paliasen algunos de los desequilibrios señalados.

 La jornada electoral

La jornada electoral tiene fortalezas, reconocidas en un amplio espectro político y que constituyen una baza sólida para la democracia venezolana. Entre ellas, sobresalieron tres.

En primer lugar, la participación electoral alcanzó 74.2%, con una ganancia de 8 puntos con respecto a 2010, en un ambiente tranquilo, con adecuadas medidas de seguridad, y un extenso despliegue partidario. Esta cifra situada en la parte alta de la tabla comparativa regional y la más alta de la historia parlamentaria venezolana del siglo XXI, confirma la convicción democrática de la ciudadanía que entiende la elección como el momento privilegiado para definir de manera pacífica las orientaciones de las políticas públicas, repartir las cartas de poder entre los distintos actores y señalar, con independencia de las opciones escogidas, la existencia de un zócalo de valores comunes y compartidos.

Luego, la votación electrónica se ha convertido en un mecanismo aceptado de manera unánime. Los actores políticos confían en las garantías del sistema automatizado, sometido a periódicas y exhaustivas auditorías de sus distintos componentes: seguridad que los votos computados reflejan la voluntad del electorado y que el sufragio se emite de manera secreta. La consolidación de la votación electrónica no exime de la necesidad de encarar campañas sostenidas y sistemáticas, con una participación activa del organismo electoral, para reforzar la certeza del secreto del voto, un aspecto crucial sobre el cual la opinión pública continúa aún dividida, con implicaciones sobre el ejercicio del sufragio en libre conciencia.

Finalmente, el sistema informatizado probó su efectividad con la transmisión de resultados de los circuitos electorales, que contribuyó a que en alrededor de la medianoche electoral, los actores políticos y la ciudadanía tuviesen información sobre la composición de la próxima AN. Empero, con la fortaleza tecnológica disponible, el CNE podría optar por una estrategia más ágil de difusión de los datos, de manera progresiva, a medida que recibe los datos de las actas. Disminuiría así la incertidumbre, las especulaciones y el vacío informativo.

En este escenario favorable, contrastó la prórroga de la apertura de las mesas en todo el país, asumida cuando ya había fenecido el plazo fijado por la ley. Esa medida provocó un pico de tensión y creó incertidumbre sobre el cierre de las mesas.

Perspectivas futuras

La elección parlamentaria de 2015 crea un nuevo escenario en Venezuela pero los desafíos para los actores políticos permanecen, en particular, la necesidad de establecer canales de comunicación permanentes y fluidos entre fuerzas que debieran percibirse como antagónicas, mas no como enemigas. Esos espacios son fundamentales para debatir y encontrar puntos de acuerdo alrededor de los temas centrales de preocupación para la ciudadanía, y la pertinencia de analizar de manera consensuada reformas electorales. Esta tarea indispensable requiere un ambiente político e institucional respetuoso, tolerante y enmarcado en las reglas constitucionales y la protección de los derechos humanos.

Carlos D. Mesa Gisbert, Ex Presidente de Bolivia

Alejandra Barrios Cabrera, Directora de la Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE)

Delia Ferreira Rubio, Investigadora del Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas de Argentina

Fernando Ojesto Martínez, Ex Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México

Salvador Romero Ballivián, Director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL)

Rotsay Rosales Valladares, Catedrático de la Universidad de Costa Rica

Ricardo Valverde Gómez, Oficial de Programas del Instituto Interamericano de Derechos Humanos