El 14 de noviembre de 2014 participé en Fort Lauderdale (EE.UU.) en un simposio sobre la Democracia en las Américas bajo el auspicio de la Fundación Zambrano y la Nova Southeastern University. Estuvo también, junto a otras personalidades latinoamericanas y estadounidenses, el expresidente del Uruguay Luis Alberto Lacalle.

El tema fundamental del simposio fue una comparación entre los diferentes caminos de la democracia en América Latina.

Mi conferencia estuvo basada en la premisa de que todo gobierno democrático debe cumplir tres requisitos: legitimidad de origen (triunfo en las urnas), legitimidad de ejercicio (cumplir la premisa republicana y constitucional de respeto a la independencia de poderes, DD.HH. y pluralismo) y legitimidad de objetivos (alternancia en el mando, fortalecimiento y respeto a las instituciones de la democracia, vocación democrática genuina).

Caractericé tres modelos, el democrático liberal (Colombia o Perú, p. ej.), el democrático social (Brasil o Uruguay p. ej.), el denominado «Socialismo del Siglo XXI» (Venezuela, Bolivia, Ecuador, p. ej.).

Mencioné que no es compatible el mesianismo y la idea de que una persona representa el cambio, la legitimidad, el presente y el futuro de una sociedad, con un sistema democrático sólido. La personalización del poder debilita cuando no destruye las bases de la democracia.

Recordé que no es correcto suponer que los modelos políticos están atados irreversiblemente con modelos económicos. Hay países caracterizados como populistas que manejan con gran solvencia la macroeconomía y que muestran indicadores económicos exitoso muy parecidos a los de países definidos como liberales.

Apunté, sin embargo, que el mayor daño a la democracia lo hace quien limita la libertad de expresión, controla todos los poderes del Estado y no da oportunidad al juego democrático con reglas justas e iguales para todas. El precio se paga no en la bonanza sino en la escasez. La bonanza es un elemento que oculta la realidad de acciones como  la judicialización de la política y la desinstitucionalización, elementos extremadamente negativos para la democracia.