Publicada en Página Siete y Los Tiempos el 16 de octubre de 2011

Dos discursos se contraponen en este peculiar día de elecciones. El primero: Pioneros –como en tantas cosas- los bolivianos seremos el primer país del hemisferio que irá a las urnas para elegir a la totalidad de su Poder Judicial. No contentos con votar por los miembros del Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, votaremos por el ¡Tribunal Agro Ambiental y el Consejo de la Judicatura! ¿Se puede pedir más democracia? El celofán que envuelve el proceso, es evidente, lo puede todo; por ejemplo esta celebración por adelantado de la democracia participativa de los bolivianos.

El segundo es bastante menos alentador: La elección en sí misma, aún suponiendo que se hubiesen cumplido todas las reglas de la transparencia, la selección neutra y de excelencia de los candidatos, plantearía varias dudas sobre con qué elementos puede una sociedad elegir por voto popular directo a la totalidad de la cúpula del Poder Judicial. Es la propia naturaleza de una elección de este tipo la que plantea, cuando menos, mucho escepticismo. En varios sentidos la propuesta es parte de una maximalismo que choca contra la racionalidad que establecen los límites de lo que la democracia puede dar de sí en el ámbito del ejercicio del voto.

El fácil recurso de afirmar que la eliminación de las antiguas formas, las que permitían que el cuoteo entre los principales partidos que garantizaba un “control repartido” del Poder Judicial, convierte este sistema en mejor, no alcanza, entre otras cosas porque este no es un debate conceptual, no es parte de una reflexión académica, no es una pregunta en torno a un sistema que -novedoso como es- plantea interrogantes y dudas. No, es la crónica de un proyecto de gobierno que busca legitimar la captura de un Poder del Estado sin cuya independencia no hay ejercicio democrático real.

Lo que hoy votamos, por ello, es la defensa de principios y la afirmación de una visión esencial de lo que es democracia. Las razones que explican la importancia de este voto, además de las antes mencionadas, son:

1. La selección de candidaturas hecha por la Asamblea Legislativa fue parcializada. Los jueces de los futuros magistrados estaban inclinados a favor de los intereses del gobierno y el partido que representan.
2. Esa parcialidad política en favor de candidatos mayoritariamente afines al MAS, está agravada por la evidencia de que la excelencia e idoneidad profesional de los candidatos, no fueron requisitos centrales en la mencionada selección. Se suma así la parcialidad política con la negligencia en la calificación de los méritos profesionales de los aspirantes. Las ausencias son más elocuentes que las presencias.
3. Las restricciones de difusión impuestas por la propia naturaleza de a quién y qué se elige, hace imposible que los ciudadanos tengamos elementos mínimos de juicio para tener lo básico, la opción real de escoger a los mejores en los cargos a los que aspiran.
4. La complejidad del sistema de voto, el número de candidatos y el tipo de listas por las que se debe optar, permiten suponer que la votación será, para quienes voten por algún candidato, un intrincado rompecabezas de difícil resolución.
5. El Tribunal Suprema Electoral no es independiente. Su presidente no ha podido desmentir la evidencia documentada de su militancia en el MAS. Sin un Tribunal Electoral independiente es imposible garantizar que el proceso en su conjunto de la credibilidad de los resultados.
6. No existen mecanismos externos de fiscalización en todo el proceso del sufragio, mediante los que se pueda hacer un seguimiento adecuado de la elección en todas sus etapas. Mucho menos en el área rural en la que además del potencial voto consigna, se maneja una lógica autoritaria e incluso amenazante para quien quiera comprobar de modo independiente la transparencia de la votación allí.

Votamos por ello por convicciones democráticas. Este proceso no garantiza en absoluto que vayamos a conseguir el objetivo teóricamente buscado, un Poder Judicial renovado, independiente, idóneo y por tanto confiable. Con esta elección no lograremos una mejor administración de justicia. Algo peor, el gobierno dirá a partir de ahora que, dado que los jueces son el producto del voto popular, nada de lo que hagan, por mal hecho que esté, podrá ponerse en tela de juicio.

Por eso los ciudadanos al ir a las urnas debemos expresar nuestra voluntad con relación a un asunto esencial. Afirmar con nuestro sufragio cómo entendemos la democracia. Debemos poner en cuestión la ilusión de democracia participativa a golpe de votaciones que respetan cada vez menos las reglas básicas en la que se sustenta su filosofía.

El voto es un instrumento indispensable para ejercitar soberanía, siempre y cuando garantice el derecho a elegir consciente y libremente, y siempre y cuando estemos ciertos de que quien lo administra no lo manipulará hasta hacerle perder su esencia.

Hoy escogemos entre la ilusión de la democracia directa y la defensa de la democracia de verdad.