Encuesta de Intención de Voto de “Poder y Placer”

En su edición del mes de mayo de 2012, la revista “Poder y Placer” ha hecho conocer el resultado de una encuesta realizada en abril de 2012 en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, con un universo de 800 encuestados.

La encuesta da resultados en torno a unas eventuales “primarias” entre potenciales precandidatos presidenciales para competir con el Presidente Morales.

Luego se hace una comparación de qué resultado obtendría cada uno de esos potenciales precandidatos si contendieran individualmente con Morales.

A continuación los resultados publicados por la mencionada revista: Sigue leyendo

Celebrando las Autonomías

Publicado en Poder y Placer Nº 36

Las autonomías son un gran triunfo histórico, el triunfo de quienes demandaron desde el siglo XIX la opción del federalismo como un camino razonable para Bolivia.

El nudo de la controversia en el debate entre unitarismo y federalismo estaba en nuestro complejo nacimiento (ni con Lima ni con Buenos Aires). La visión unitaria partía de la premisa de que el país tenía tendencias centrífugas que se acelerarían si se cambiaba de sistema, peor aún si, como era evidente, nuestros vecinos tenían tendencias anexionistas o, cuando menos, de voracidad para con territorios con casi nula presencia humana y con la consecuente ausencia del dominio soberano desde el Estado.

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Ante una Democracia Herida de Muerte

Publicado en Poder y Placer, agosto de 2010

Hemos llegado a un punto en el que es imposible mirar para otro lado. Nada hay ya que nos permita pensar que el proyecto del “Estado plurinacional” es algo diferente a una realidad descarnada de poder autoritario que está hiriendo de muerte a la democracia.

El voto ha sido usado a partir de una gran esperanza y de una gran promesa. La esperanza se desvanece y la promesa ha sido traicionada. No hay un proyecto nacional cuyo objetivo sea el engrandecimiento de la Nación y sobre todo de los seres humanos que hacemos parte de ella. No hay proyecto nacional que permita pensar que los desheredados del pasado, aquellos que vieron en el Presidente el espejo de sus rostros, sean realmente protagonistas, no de la retórica política, de los discursos y del uso descarado de su apoyo a favor de los poderosos, sino de programas estructurales de inversión social que transformen de modo radical sus actuales condiciones de vida. Cuatro años sostenidos de bonanza sin precedentes dilapidados, demuestran la absoluta carencia de propuestas y de una aplicación estructural para derrotar la extrema pobreza rural y la preocupante pobreza urbana.

Este gobierno desarrolla una estrategia de demolición, no del pasado, sino de la democracia, la libertad y de los derechos humanos. El trípode de esa estrategia es la destrucción de la Justicia, del Sistema Electoral y de las Autonomías.

El primer paso fue la “ley corta” que le entregó al Presidente plena potestad en la justicia con el nombramiento a discreción de casi todo el Poder Judicial. Esta ilegalidad mayúscula cometida por la Asamblea, ha permitido antes de la elección popular de las nuevas autoridades judiciales, el nombramiento de toda la pirámide de jueces del país, que obviamente responden a su vértice, a quien los nombró, el Presidente de la Nación. La Constitución, además, viola un principio universal de derecho al aceptar la retroactividad de la ley. Consistente con esa aberración, está la ley “Quiroga Santa Cruz”, que con el celofán impecable de la lucha contra la corrupción se convierte en una maquina trituradora de enemigos políticos. La acompaña la reforma del sistema penal que además del endurecimiento de penas, amplia la discrecionalita del Ministerio Público violando garantías básicas de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional ha perdido la preeminencia en la interpretación de la Constitución, asignando a la Asamblea esa prerrogativa, lo que garantiza el blindaje de todo este sistema legal y judicial para la perpetuación y concentración del poder actualmente vigente.

La Constitución y la ley del Órgano Electoral. Debilita su poder y autonomía, amplía arbitrariamente las facultades del Presidente de hacer nombramientos directos  vulnerando la independencia de poderes, limita la libertad de expresión de los medios y la difusión de encuestas en tiempo electoral, y debilita a sus miembros al estar éstos librados a ser destituidos por el voto mayoritario ¡de sus propios colegas! Por si fuera poco, este Órgano es subordinado al “control social” (una hidra de muchas cabezas) que tiene autoridad  para vetar candidatos. Aplicando la Constitución, que también en esto vulnera derechos humanos básicos de ciudadanía, establece que desde la próxima elección el 67 % de los bolivianos estamos prohibidos de ser elegibles, pues somos monolingües, ya que es obligatorio el conocimiento de un idioma nativo además del castellano para ser candidato a cualquier cargo público.

En lo que toca a las autonomías, se insiste en mantener otra “ley corta”, la de la amenaza permanente. Una simple acusación de fiscal implica la suspensión del cargo de la autoridad elegida por el pueblo y –encima- la posesión del perdedor en el cargo vacante. Las competencias de los departamentos han sido recortadas reproduciendo el centralismo. En cuestiones de recursos económicos se ha mantenido congelado el mecanismo de distribución, sin que el gobierno central ceda nada. Tampoco se establecen conceptualmente los mecanismos autónomos de reasignación de recursos. Finalmente, no se han sentado las bases de un pacto fiscal nacional que considere en él a las autonomías.

El colofón de este escenario es el manto de miedo sobre el país. Se llama persecución política y judicial. De lo que se trata es de es mezclar a justos con pecadores, culpables con inocentes. Todos son sujetos de ser citados, acusados, juzgados, condenados, o ir presos. Los que se van del país son culpables por definición. La criminalización de la política y del pasado es parte de este juego. Centenares de compatriotas están hoy en calidad de refugiados o asilados políticos en diversos países. Los fiscales y jueces han sustituido al malhadado “control político”, y el ministerio de Transparencia en vez de desarrollar una la línea preventiva, fortalecer la educación para la transparencia y modificar las conductas éticas de la sociedad, es una especie de Gestapo cuyo único objetivo es “freír peces”, cuanto más gordos mejor. En tanto, el último informe de Transparencia Internacional, cuatro años después de la instauración del “nuevo Estado”, muestra a Bolivia en el lugar 120 de corrupción entre 180 países, con una calificación negativa de 2,7 sobre 10.

No se puede seguir en silencio ante esta terrible realidad. Es tiempo de que la sociedad boliviana actúe para frenar este camino al autoritarismo. Es tiempo de que los demócratas de verdad, más allá del miedo, digamos al unísono ¡Basta! Es tiempo de articular a quienes creen en una Bolivia democrática para detener esta arremetida que nos deja cada vez menos margen para ejercer nuestros derechos y garantías ciudadanas, es decir, nuestros derechos humanos más elementales. No hay proyecto de Estado posible cuyo costo sea la democracia y la justicia. Estamos al borde de que la última bocanada de oxígeno llamada libertad nos sea recortada. Simplemente no debemos admitirlo.

¿Valores Occidentales o Valores Universales?

Publicado en Nueva Crónica, febrero de 2010

El equívoco del “fin de la historia” en ese momento de deslumbramiento inmediatamente posterior a la caída del Muro, condujo a Occidente por el camino errado, la presunción de que esos valores “buenos per se” debían diseminarse como el evangelio. Fue precisamente entonces cuando cayeron las Torres y se puso en evidencia la extrema complejidad del nuevo entramado mundial, que tras la desaparición de la bipolaridad sustentada en la disuasión nuclear, colocó en el escenario global fundamentalismos de singular naturaleza. El resultado fue un choque de civilizaciones basado en la mutua descalificación de los valores centrales que las sustentaban

Pero, una cosa es la conciencia de que determinado sistema de valores representa un avance para cualquier comunidad humana y otra muy distinta es pretender que ese sistema se imponga por la vía de los tanques, o por la de los atentados terroristas, apoyados ambos métodos en el desconocimiento absoluto de las creencias de sociedades cuya raíz, experiencia histórica y visión de mundo, han dado lugar a una determinada realidad.

América Latina no ha estado exenta de este proceso de transición y de falsa disyuntiva “civilizatoria”. Es hoy el campo de un profundo debate. La novedad –y Bolivia es la probeta del experimento- es la inserción de una mirada culturalista y etnicista a las propuestas de utopía que Latinoamerica ensayó tantas veces en el pasado.

La llegada a la presidencia de Morales Ayma ha permitido, por primera vez en nuestra historia, hacer posible el intento de aplicar una respuesta conceptual que cuestione esa mirada eurocentrista, apoyada en nuevos paradigmas culturales, aparentemente extraídos de la propia experiencia histórica del país.

Poco a poco, los ideólogos de la llamada “Revolución democrática y cultural” local, pergeñan la idea de un “socialismo comunitario” amparado en vaguedades conceptuales de raíz gramsciana (cuyos detalles no han sido aclarados por la didáctica vicepresidencial), una adscripción a la militancia bolchevique y un inserción, desde la mirada de un k’ara (para acuñar términos caros al proceso reinante), en el katarismo. Más allá del debate sobre las verdaderas bases de este complicado rompecabezas de ideologías unidas como un saco de aparapita, hay un elemento crucial en juego, la caracterización de la sociedad boliviana y en particular la que hace el actual gobierno en torno a Occidente y lo occidental. Me eximiría de cualquier consideración la inclusión de dos palabras: gramsciano y bolchevique, para establecer si hay o no una base Occidental en esta propuesta ideológica de confusa gestación, pero a la vez hay una reiteración paradójica que se ha convertido en obsesiva. Negar a Occidente y prescindir cuando no negar explícitamente las raíces occidentales de Bolivia. La confrontación entre Félix Patzi y el gobierno estuvo teñida de un racismo inocultable. En la óptica de Patzi la razón que explica las “desviaciones”, la “corrupción” y las “maniobras” que –en su opinión- desnaturalizan el proceso encarnado por el gobierno, se explican por la presencia de k’aras en el Ejecutivo, no porque los tales k’aras sean malos o sean corruptos o utilicen la maniobra como mecanismo de acción, sino porque son k’aras y esa condición lleva inherente corrupción, maniobra y maldad. Está lógica muestra el grado de desnaturalización dramática y peligrosa de los argumentos que ratifican una línea de pensamiento, un objetivo de construcción de sociedad con exclusiones y un proceso de ruptura racial, superado conceptual y filosóficamente en 1948 con la Declaración Universal de los DD.HH.

Hay una premisa central para el análisis que está deformando peligrosamente la discusión sobre el actual proyecto del gobierno. Se trata de las fuentes de nuestra construcción social. La pretensión errada es que el modelo de valores, derechos humanos e institucionales que se construyó en el siglo XIX y se aplicó de modo relativamente amplio en el periodo 1982-2006, fue impuesto mecánicamente y que en ningún caso respondió al verdadero origen de la sociedad boliviana.

Desde una perspectiva histórica, los tres siglos de colonia española tuvieron una importancia y continuidad (trescientos años), muchísimo mayor que la dominación incaica, tan despótica y colonial como la española sobre la confederación aymara y la confederación charca (menos de un siglo). Sumemos a esto el hecho de que la constitución de culturas anteriores al siglo XII (que incluyen a Tiahuanacu) tuvieron grandes interrupciones y “agujeros negros” no cerrados a una interpretación totalizadora, ya que ni la historia ni la arqueología han resuelto de un modo integral e indiscutible ese largo tiempo como para valorar los componentes básicos de la construcción milenaria del mundo prehispánico y lo que de él nos ha llegado, en buena parte mediatizado por el extraordinario trabajo de recopilación (subjetiva y occidental) de los cronistas españoles.

A esta cuestión se deben sumar las diferencias evidentes de forma y fondo entre el mundo andino y el mundo no andino antes de 1526-1535, en lo que hoy es nuestro territorio.

El experimento de democracia liberal fue aplicado de modo amplio en América Latina mucho antes que en Europa  y los aportes teóricos latinoamericanos en filosofía política, constitucionalismo y educación, no son nada desdeñables y forman parte del corpus intelectual de Occidente, del que la región es parte indiscutible. Parte, claro está, a la que se suman los ingredientes enriquecedores, propios e intransferibles. Compartimos en estas tierras y afortunadamente esa “occidentalidad” latinoamericana con los procesos culturales, étnicos, sociales y políticos existentes antes de la llegada de los valores europeos que moldearon en el mestizaje nuestras identidades específicas.

Finalmente, el reconocimiento de la existencia de múltiples y diversas visiones en el mundo sobre cuestiones esenciales, no puede en ningún caso desconocer el hecho de que hay derechos que el ser humano tiene inherentes desde el momento en que nace y que están vigentes y deben respetarse hasta el momento en que muere, e incluso, como hemos podido experimentar con dramatismo en América Latina, después de su muerte. Occidente lanzó desde la Grecia clásica esa idea, pero en realidad lo que hacía era desafiar a la humanidad a mirarse en sus valores intrínsecos.

La consideración sobre la universalidad de los derechos humanos no se lesiona en ningún caso por muy profunda y diversa que sea la especificidad cultural, étnica, colectiva o nacional de cualquier sociedad, sea cual fuere la pluralidad y diferencia de propuestas económicas, políticas sociales y culturales que esta reivindique y aplique.

El corolario es evidente. Si bien es cierto que la mirada dominante occidentalista del pasado era miope, no lo es menos que las premisas del Estado de Derecho se fundan en valores universales, no en valores “occidentales”, y eso quiere decir: independencia de poderes. Irretroactividad de la ley. No se puede ser juez y parte. No se puede limitar el derecho de apelación y, finalmente, no se puede limitar a nadie, ni al peor de los delincuentes, el debido proceso. Ningún Estado por revolucionario y plurinacional que sea puede atropellar estos derechos fundamentales con leyes que destruyen valores democráticos y derechos humanos válidos por igual para un indígena, un blanco y un mestizo, aquí y en Estocolmo.