Publicado en El País de Madrid el 20 de mayo de 2012
Leo. Es el momento dramático e intenso hasta el estremecimiento de Malintzin, Marina, Malinche, el instante definitivo y fundacional del parto, el nacimiento de Martín el primer mestizo mexicano, el hijo del conquistador, el hijo del amor, de la violencia, del odio, de la improbable reconciliación. Es la vida construida a partir del cataclismo más grande de la historia.
Publicado en El País de Madrid el 31 de octubre de 2011
El Presidente Morales esperaba muchas cosas en estos días complicados que le han tocado, pero probablemente ni en el peor de sus sueños una derrota electoral de la magnitud que los votantes bolivianos le han infligido en las elecciones del Poder Judicial realizadas el pasado 16 de octubre.
Publicado en El País de Madrid el 17 de septiembre de 2011
Más de mil quinientos indígenas marchan hace varios días buscando las alturas. Se han congregado decididos a defender el territorio ancestral que habitan, que es además un parque nacional en medio del gigantesco territorio amazónico sudamericano.
¿Por qué marchan? La razón es simple, el gobierno ha decidido construir una carretera que, de hacerse, partirá en dos ese parque nacional y su tierra comunitaria de origen.
Publicado en El País de Madrid el 20 de octubre de 2010
Conversación en la Catedral fue para mí un deslumbramiento. Me conectó de modo definitivo con la literatura latinoamericana y me acercó carnalmente a la realidad, una realidad que aparecía en la novela a partir de una Lima agria como “La Catedral”, el bar en el que Zavalita desgranaba el Perú y desgranaba algo más; nuestra América. Era el fin de los años sesenta. A su lado y por contraste, me ronda la figura de otro personaje de esa historia, Bermúdez, el siniestro ministro del Interior, razonablemente pulcro, obsesivamente ordenado, cínico e implacable “como correspondía”. Por si fuera poco, todavía late en mi mente la escena entre fascinante y obscena del amor prohibido entre dos mujeres que, como en el personaje de Lalita en La Casa Verde, tenía mucho de erotismo, de pasión y aunque suene absurdo, de pureza.
Publicado en El País de Madrid el 6 de agosto de 2010
Cuarenta y nueve cuadrados pequeños dentro de uno mayor y los siete colores del arco iris conforman la segunda bandera oficial de Bolivia. Hasta donde sé, es el único país del mundo que tiene dos banderas. Se trata de la wiphala que aunque representa exclusivamente una parcialidad de la sociedad, a los indígenas quechuas y aymaras de Bolivia (aún se polemiza sobre si la tal bandera fue tomada de banderas de raíz medieval traídas por los conquistadores españoles, o si ya existía en el mundo prehispánico), está consagrada oficialmente como la “otra” bandera boliviana.
Hay una cierta relación entre el número de cuadrados de la wiphala y las treinta y seis naciones indígenas reconocidas por la Constitución vigente desde 2009. Naciones que cubren un espectro tan dispar como las diferencias demográficas entre la mayor y la menor de ellas. Los quechuas son 2,7 millones de personas sobre un total de diez millones y medio de bolivianos; en tanto, los pakawaras (etnia amazónica) suman apenas veinticinco personas. Es sobre esa visión en la que nación, pueblo y etnia se han definido en una sola categoría: “indígena originario campesino”. El presidente Evo Morales no gobierna ya la República de Bolivia (1825-2009) que conmemora su creación el 6 de agosto, sino el Estado Plurinacional de Bolivia que la conmemora el 22 de enero.
A dos banderas, dos justicias, la denominada Justicia Ordinaria y la denominada Justicia Indígena originaria campesina, que es válida para las naciones y pueblos indígenas y que se ejercerá a través de sus autoridades, basada en los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. Estas atribuciones tienen como límite la obligación del respeto al derecho a la vida y las prerrogativas de la propia Constitución. En teoría, su aplicación está circunscrita sólo a los indígenas y a los hechos producidos dentro de una jurisdicción indígena.
En mayo pasado, cuatro policías fueron linchados en una región del departamento de Potosí, fue el hecho más dramático de una secuela de linchamientos que ha vivido Bolivia en los últimos años. Tras algunos días de confusión y versiones contradictorias, un cabildo indígena, reivindicó el linchamiento, lo justificó acusando a los policías asesinados de extorsionar a los pobladores, y estableció que por tratarse de una región indígena no aceptaba la presencia de autoridades del Estado para investigar el caso. Tras varios días de negociación la comunidad accedió a devolver los cadáveres, previa firma de sus familiares de un desistimiento de cualquier juicio en contra de los asesinos. La zona, fronteriza con Chile, es uno de los pasos más importantes de contrabando de automóviles y de tráfico de drogas. En esta ocasión, como en todas las anteriores en que se produjeron hechos similares, las autoridades afirmaron que tal proceder no tiene nada que ver con la justicia indígena, pero lo que queda claro es que en ningún caso han detenido ni acusado, ni menos condenado a los autores intelectuales o materiales de estas atrocidades.
En tanto, el escenario de la aplicación del nuevo modelo jurídico y su compatibilización con la Justicia Ordinaria es una gran incógnita. Las preguntas son muchas más que las respuestas. Al tratarse de una justicia basada en usos y costumbres, no está escrita; su ejercicio hasta ahora se limitó a delitos menores ¿Se aplicará ahora para todo el espectro considerado por los códigos penal, civil, comercial, etc., existentes en la Justicia Ordinaria? ¿Se trata de una justicia común para todas las naciones y pueblos indígenas, o tendrá treinta y seis versiones equivalentes a igual número de pueblos y naciones reconocidos por la Constitución? Los límites jurisdiccionales de las autonomías indígenas no se han establecido aún. Se infiere que se aplicará solamente en el ámbito rural, lo que es relativo ya que por lo menos un centenar de los municipios de Bolivia son o total o mayoritariamente indígenas y tienen en su seno varias ciudades. Buena parte de la población quechua y aymara -ciudadanos que se encuadran en la definición de nación indígena- está establecida en grandes áreas urbanas como La Paz, El Alto, Cochabamba, Potosí, Sucre, Oruro e incluso en Santa Cruz de la Sierra. Volvamos a la Constitución; en su texto se entiende como nación indígena: “…toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión” y una condición muy peculiar que define la posibilidad de ser nación con un corte a cuchillo de la cronología: “…cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”, lo que ha obligado a crear una categoría separada, la de los afrobolivianos (alrededor de 25.000 personas) que no son ni nación originaria ni “comunidad intercultural” (los no indígenas), ya que llegaron como esclavos después de la conquista española.
Por supuesto, se producirán muchos hechos penales que involucren a indígenas y no indígenas. ¿Cómo funcionará la ley en esos casos? ¿Qué sistema jurídico y dónde se aplicará? ¿Cómo dirimir esos conflictos entre un sistema organizado y positivo a través de códigos y leyes muy claras y otro basado exclusivamente en la tradición secular sin base escrita? La idea de territorialidad podría también plantear conflictos. El complejo urbano La Paz-El Alto que tiene dos millones de habitantes podría, sobre todo en El Alto, entenderse como una territorialidad aymara, ya que más del 80 % de sus habitantes tienen ese origen.
La administración de Justicia Originaria además, nace de un contexto histórico en el que las decisiones de castigo a una infracción de la ley se han hecho a partir de personas que llegan al mando anualmente y de modo rotativo y que sólo ejecutan las decisiones de la comunidad. No deja de ser significativo que el cabildo, institución hispánica, sea el mecanismo a través del cual esas comunidades toman decisiones.
En este complejo entramado hay que añadir otros elementos. La Constitución reconoce a los indígenas: “su libre determinación que consiste en autonomía, autogobierno…y consolidación de sus entidades territoriales”. Les reconoce también: “el uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en sus territorios”. Más todavía: “las naciones y pueblos indígenas en aislamiento o no contactados, gozan del derecho de mantenerse en esa condición”. La pregunta es si eso implica la limitación del Estado de cumplir en esas comunidades con su obligación de proveer a todos los bolivianos de acceso a la educación, la salud y el saneamiento básico.
Más todavía. Sólo pueden ser servidores públicos quienes hablen dos idiomas oficiales del país. De acuerdo al último censo, el 67 % de los bolivianos son monolingües (incluidos el presidente Morales y el vicepresidente García Linera), lo que vulnera a ese 67 % un derecho ciudadano fundamental.
La premisa teórica del nuevo Estado presupone que en vez del “vivir mejor” occidental, se debe imponer el “vivir bien” de los indígenas. Vivir bien plantea, sin embargo, un punto de partida que no puede ser el actual en el que más del 60% de los bolivianos viven en la pobreza y más del 35 % en la extrema pobreza, la mayoría de los cuales son indígenas.
El proyecto estatal de Morales apoyado en una hegemonía indígena aymara ha comenzado a ser cuestionado desde sus propias bases y desde regiones de los llanos del país, que se dan cuenta que el discurso tiene un fuerte tinte andino y no respeta las demandas de las “naciones” pequeñas.
Pero quizás la mayor ironía que le ha tocado a Morales es la detención del amauta (sacerdote andino) que le impuso en 2006 los símbolos del poder ancestral en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, en una ceremonia de alto contenido simbólico. Hoy se conoce al personaje como el “narcoamauta”, ya que él y otras personas fueron detenidos cuando procesaban 240 kilos de droga. Un golpe de realidad en medio de la visión idílica que Bolivia proyectó hace cuatro años y medio.
Publicado en El País el 20 de mayo de 2010
Un soldado boliviano salta una barda de la empresa de generación eléctrica Guaracachi en la que participa la británica Ruelec, junto a él corren otros de sus compañeros como si estuvieran tomando una posición enemiga. Al fondo se ven generadores, torres y un gran cartel multicolor con la palabra “Nacionalizada”. Fecha del operativo: 1° de mayo de 2010.
A diferencia de la acción de mayo de 2006 dirigida a la “nacionalización” de las petroleras, por alguna razón inexplicable los militares prefirieron saltar alambrados en vez de entrar por la puerta principal como hizo el Presidente Evo Morales para anunciar la compra de las acciones de las empresas eléctricas. De igual modo, a diferencia del 2006, los bolivianos recibieron la noticia del control estatal de cuatro empresas eléctricas con la más absoluta indiferencia, salvo los trabajadores de ELFEC (eléctrica de Cochabamba, también “nacionalizada”), pues en este caso los afectados fueron ellos, propietarios de casi el 80 % de las acciones de la compañía.
La respuesta de las transnacionales tocadas no se hizo esperar. Gran Bretaña expresó su “decepción” por la medida que afectó a Ruelec de ese país y comenzó a estudiar un arbitraje. Francia, tras subrayar su respeto a la decisión de Morales, ha anunciado también la posibilidad de ir a un arbitraje si la compensación que se ofrezca a la empresa francesa GDF Suez no es justa.
El modelo nacionalizador de Morales es peculiar, se trata de la compra del paquete accionario de las afectadas a precios establecidos unilateralmente, aunque supuestamente previa negociación con las empresas. Pero, como en 2006, la medida que ya se preveía, se ejecutó o antes de lo previsto, o sin cumplir las condiciones que el gobierno había adelantado en negociaciones preliminares a las interesadas.
En el caso de las petroleras, éstas no dejaron el país y siguen operando aunque en versión ralentizada, como hacen Petrobras, Repsol, Total, British Gas y British Petroleum. A cuatro años de la medida, Bolivia produce un 20% menos de gas para la exportación, importa gasolina y diesel, subvenciona el gas doméstico, y a pesar de ello afronta un serio desabastecimiento de gas licuado para el consumo familiar, sin contar con el hecho de que un presidente de YPFB (la estatal del petróleo) está preso desde febrero de 2009 tras un escándalo de corrupción que estuvo sazonado con una muerte y un sugestivo maletín con 400.000 dólares que se entregó en una casa del mencionado funcionario, quien era entonces el número dos del partido de Morales.
El Presidente constató este 1° de mayo que el país no reaccionó alborozado ni lo llevó a la cumbre de la popularidad como entonces. La repetición del libreto mediático esta vez no funcionó. Sin rédito político tangible, lo que Morales debe evaluar son los costos. De modo preliminar se menciona que la operación de este 1° de mayo puede significarle mucho más de 100 millones de dólares de erogación, que probablemente se cubran con un préstamo del Banco Central y salgan de las reservas internacionales del país, lo que ha producido ya una polémica, pues de hacerse sería una operación ilegal, dadas las restricciones para el uso de reservas en la normativa boliviana. El propio vicepresidente García Linera ha estimado en público que el proceso nacionalizador en su conjunto puede costarle al país alrededor de 1.000 millones de dólares, algo así como el 6 % del PIB del país.
No es una reflexión menor constatar algunos elementos que sazonan el momento en que se tomó la decisión de hacerse de las eléctricas. Las empresas generadoras se han estatizado cuando la curva entre oferta y demanda está a punto de cruzarse, lo que exige fuertes e inmediatas inversiones en el sector si Bolivia no quiere vivir la experiencia venezolana de cortes de energía en el mediano plazo. Parece claro, además, que esta nueva acción ratifica que no hay argumentos para que empresas internacionales inviertan en Bolivia. Por segundo año consecutivo las inversiones privadas han disminuido y siguen siendo las más bajas de América del Sur tanto en términos absolutos como relativos. La Constitución no ayuda, por el contrario se reafirma en los principios de la autonomía económica del país para encarar los grandes desafíos que tiene en áreas como la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura vial y la transferencia tecnológica, pues establece: “art. 320, II.- Toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas, y nadie podrá invocar situación de excepción”. En el caso de la explotación de recursos naturales la Carta Magna dice: “art. 351, II.- El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. No parece que un inversionista extranjero le entusiasme demasiado la idea de que la totalidad de sus ganancias deban reinvertirse en Bolivia, más aún cuando ninguna nación democrática de América Latina plantea tal restricción, muchas, por el contrario, son muy favorables a la inversión externa y algunas poseen recursos tan o más variados que los que tiene Bolivia. La limitación en cuanto a la reinversión de utilidades es tan amplia que por inferencia se podría concluir que la obligación de reinvertir, vale tanto para la explotación de recursos naturales como materia prima, así como en su fase de valor agregado e industrialización.
El cuadro se completa con problemas en otros sectores. La italiana Telecom estatizada en 2007 mantiene un juicio internacional con el gobierno sobre el monto de compensación de su paquete accionario. La inversión minera más grande del país, San Cristóbal, a cargo de la japonesa Sumitomo, afronta una demanda de las comunidades indígenas del departamento de Potosí que exigen un pago por el uso de aguas fósiles, lo que provocó un bloqueo de vías férreas y el sitio a la sede de la empresa por varios días. La empresa hindú Jindall no ha comenzado aún a desarrollar el complejo de hierro del Mutún que le fue concedido por el gobierno de Morales hace tres años y medio y el contrato está al borde de la rescisión.
¿Por qué, en este contexto, la lógica de Morales no cambia? Primero, porque tanto él como su vicepresidente, creen que la estatización de la economía y el control de los recursos naturales será una panacea para Bolivia. Es una convicción intuitiva en un caso y fuertemente ideológica en el otro. Segundo, porque las condiciones de la economía boliviana siguen siendo buenas ante un sostenido nivel de precios internacionales en los tres rubros más importantes de exportación; gas, minerales y soya. No son las cifras fantásticas de 2008, pero aún son lo suficientemente buenas como para que los indicadores macroeconómicos (escrupulosamente liberales en su manejo), permitan prever para el 2010 un crecimiento del PIB por encima del 4 % y un déficit muy próximo a cero.
El problema es que la ventana de oportunidad no será indefinida. En estos años la matriz productiva sigue anclada en las materias primas y la apertura de mercados e incentivos a la inversión simplemente no existe. En algún momento Bolivia tendrá que pagar la factura. Hay dos elementos adicionales. El tamaño de la economía boliviana no permite encarar en emprendimientos multimillonarios como los que requiere el país para romper ese circuito perverso. La capacidad de ahorro es muy baja y, por tanto, el excedente no alcanza para dos tareas, la primera imprescindible, una inversión social sostenida y la segunda muy importante, una adecuada orientación de la productividad.
Contra todo pronóstico, a cuatro meses de iniciado su segundo mandato, Morales comienza a perder su halo de mito intocable. Su afirmación sobre los pollos alimentados con transgénicos, su acusación contra el PP español de golpista, su negativa rotunda a un acuerdo con la UE “porque Bolivia jamás va a negociar el saqueo de nuestros recursos naturales” y el remate con su particular explicación a los gays españoles, lo ha desgastado en el ámbito internacional. El comienzo de un descontento de los sectores tradicionalmente masistas que no ven cambios reales en su bienestar y en sus ingresos, lo está desportillando también en Bolivia. Todo parece indicar que Morales tocó techo y que a partir de ahora está obligado a hacer gestión y mostrar resultados a la gente.
Los soldados que tomaron las plantas eléctricas ya están en sus cuarteles. Tanto ellos como la mayoría de los bolivianos, comienzan a tener en la boca el sabor del desencanto.
Publicado en El País de Madrid el 31 de diciembre de 2009
Muy poco de lo que supusimos que ocurriría en la primera década del siglo XXI realmente ocurrió. Es lo que suele pasar con toda predicción. Es el riesgo de la futurología, que acaba atrapada por el lugar y las circunstancias en las que se hace.
América Latina no es una excepción. Cuando el liberalismo económico y las democracias bajo el modelo de los países desarrollados parecían haberse instalado para quedarse, en 1999 el entonces desconocido coronel golpista Hugo Chávez (en 1992 intentó, sin éxito, derrocar al Gobierno democrático de su país), fue elegido presidente de Venezuela. En 2009, montado en una Constitución a su medida, los precios del petróleo, la limitación de la libertad de expresión, las nacionalizaciones, el armamentismo que ha contagiado a toda la región y diversos bonos y acciones a favor de los más pobres, es la figura más relevante de América Latina.
En este año que concluye se conmemoró medio siglo de la revolución cubana. Castro es presidente de esa nación caribeña, pero no es Fidel. El viejo líder que la condujo en 1959 es ahora un personaje parecido al Cid Campeador, que ya muerto fue apuntalado en su caballo con una estaca de madera en la espalda. Hizo así su última cabalgada, su imagen inerte fue entonces suficiente para la victoria. ¿Lo será ahora? Chávez se adscribe como el heredero de Fidel, pero esta América Latina no es la de hace cincuenta años. Las viejas utopías marxistas han sido enterradas junto con el socialismo real, y el mercado (marcado por la especulación, la falta de escrúpulos y el desfonde financiero, aún de pronóstico reservado) es el signo de la globalización, lo que no parece convencer a todos en este hemisferio.
¿Qué simbolizan ambos acontecimientos? Un cambio muy significativo y un enfoque que dio un giro copernicano al continente. ¿Pero es un giro estructural y de largo plazo?
En una década, Chávez pateó el tablero satanizando una palabra, el “Neoliberalismo”, con la que descalificó a la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos de la década de los noventa que aplicaron las recetas diseñadas en 1989 conocidas como el Consenso de Washington. Se trataba de un paquete macroeconómico para estabilizar las vapuleadas economías regionales con ajustes monetarios, incremento de la presión fiscal, recortes de gastos y procesos de privatización. Si bien a fines de la década América Latina había logrado la estabilidad e incluso modestos avances en la lucha contra la pobreza, el impacto social de desempleo, marginalidad y “cinturones apretados” hizo estallar varias democracias y desestabilizó la región en su conjunto. En 2009 el 41% de los latinoamericanos vive en la pobreza y de ellos, el 16% en la indigencia. Menos Estado y más iniciativa privada no fueron la solución. Desde 2006 Chávez sumó a su discurso de inspiración castrista, además de Cuba, a Bolivia, Ecuador y Nicaragua e incluso de modo algo ambivalente a Argentina. Vino la radicalización, sonó otra vez el antiimperialismo, la oposición a tratados de libre comercio y la rebelión abierta frente a las políticas de Washington. Contra lo esperado, el escenario no se ha suavizado con la llegada a la presidencia de Barack Obama.
Dos ejemplos dramáticos de esta realidad son Bolivia y Ecuador. En Bolivia, tras una aguda crisis política (2000-2005) signada por la inestabilidad y la violencia, llegó a la presidencia Evo Morales, dirigente cocalero de la zona de la que sale el 90% de la hoja que se transforma en cocaína; es el primer presidente indígena de la historia boliviana en un país donde el 50% de sus habitantes tienen ese origen. El mandatario inició un Gobierno que reivindica a los “oprimidos durante 500 años” con el derecho de gobernar los próximos 500. El “nosotros” de Morales ha sido hasta ahora el de los indígenas, lo que ha generado una polarización y confrontación permanente con la clase media mestiza y blanca y ha dado lugar a una nueva Constitución que ha transformado al país de República en Estado Plurinacional con 36 naciones, con la otra mitad bajo el denominativo genérico de “comunidades interculturales”. El experimento incluye la aplicación de la justicia indígena con el mismo rango que la republicana, cinco niveles de autonomías, desde las de regiones poderosas como Santa Cruz hasta las indígenas reconocidas en el nuevo Estado. Morales acaba ser reelegido por abrumadora mayoría.
En Ecuador, el último presidente que concluyó su mandato lo hizo en 1996. Tras la quiebra del sistema financiero y la dolarización de la economía en 2000, vivió durante casi una década con abortados y precarios Gobiernos que terminaron con la asunción del mando de Rafael Correa, joven y brioso antineoliberal que también hizo una nueva Constitución y ha sido reelecto como Morales. El seguimiento del modelo chavista deja pocas dudas. En política internacional esto ha llevado a la ruptura con Israel y a serios coqueteos con Irán, la bestia negra de Estados Unidos. Bajo esta batuta se ha conformado el ALBA, un bloque de integración bastante débil en lo económico pero de gran influencia política.
Pero tanto o más importante que el desborde chavista es el caso de Brasil. El 1 de enero de 2003 llegó a la presidencia Luiz Inácio Lula da Silva. Lula heredó ocho años de una política liberal encabezada por el intelectual Fernando H. Cardoso. Casi dieciséis años después, Brasil ha dado el gran salto y es hoy una potencia mundial y parte fundamental de las grandes naciones emergentes como China e India.
El Brasil planetario se ha convertido también en el país líder de la región, nada menos que de la mano de un trabajador metalúrgico. Lula simboliza el otro socialismo latinoamericano, moderado y racional, el de Chile, Uruguay, República Dominicana, Guatemala y El Salvador, en la lógica de la globalización, tratados de integración comercial, una presencia importante de la empresa privada combinada con un liderazgo estatal en empresas claves, pero en todos los casos con una inequívoca vocación de inversión social. Los resultados de reducción de la pobreza tan sostenidos como pausados son indiscutibles en la mayoría de estas naciones.
Pero, quizás por miedo a la mala conciencia, los socialistas moderados han preferido -al ritmo de Lula- no hacer olas en contra de Chávez, lo que le ha permitido a éste un liderazgo que ha dado a luz a Unasur, un bloque político que muestra una cara política que trata de disfrazar el terrible fracaso de los procesos de integración económica regional que están en crisis o simplemente agonizando. En el extremo menos malo, el grupo de países centroamericanos, en estancamiento preocupante el Mercosur y al borde del colapso la Comunidad Andina. La política de Bush de promover tratados bilaterales de libre comercio planteó varias interrogantes sobre la integración económica latinoamericana, a pesar de que una parte no poco importante del intercambio comercial es intrarregional. Como pocas veces en el pasado, los problemas ideológicos y los conflictos bilaterales entre países han enrarecido el ambiente general.
Pero sería un error suponer que el péndulo (constante de la historia de América Latina desde su independencia) va inexorablemente a la “izquierda” y al socialismo. Para retrucarlo está Álvaro Uribe, presidente de Colombia, la otra cara de la medalla de Chávez. Firme aliado de Washington y de la globalización, amigo de la iniciativa privada y de los tratados de libre comercio, apoyado en su éxito relativo contra las FARC (a un alto costo de violencia en medio de una turbulenta guerra sucia) y en su gran popularidad interna, Uribe busca con su peculiar autoritarismo seguir al mando de Colombia. Lo acompaña el Perú del presidente Alan García que, como todo converso (en su fallido primer Gobierno hizo gala de posiciones de izquierda militante), es el más liberal de todos los gobernantes suramericanos. En línea parecida están Costa Rica y Panamá.
¿Y la otra gran potencia regional, México? El camino mexicano es una irónica paradoja. Firmó en los noventa el TLCAN con Estados Unidos y Canadá y dio un salto de gigante. Impulsado por la locomotora estadounidense, en pocos años superó en exportaciones a Brasil. Hoy Brasil es la novena economía del mundo y México la décimo primera, pero en 2009 la crisis económica estadounidense arrastró a los mexicanos a la mayor caída de su crecimiento en los últimos veinte años. En política, en 2000 el triunfo de Vicente Fox rompió setenta años de dominio político del PRI. La derrota de la “dictadura perfecta” a decir del escritor Mario Vargas Llosa (“democracia” de partido único) no trajo el cambio que los mexicanos esperaban. El estrecho triunfo del presidente Felipe Calderón sobre su oponente de izquierda lo hirió desde el principio de su mandato y la lucha contra el narcotráfico no ha hecho otra cosa que incrementar la violencia a niveles nunca antes vistos, lo que ha colocado a México en situación de desaliento y desventaja para ocupar su papel de liderazgo regional frente a la iniciativa brasileña.
Si buscáramos en este contexto algún modelo, estaría encarnado en Chile y Costa Rica, países estables, políticamente maduros, económicamente sólidos y con procesos de gran crecimiento e integración internacional -particularmente Chile-. En algo más de una década, Chile está al borde de indicadores del primer mundo. La lección es clara, pero no la entienden todos. Moderación, equilibrios y sentido plural, sin olvidar el pago de la deuda social. La respuesta en el otro lado del espectro político continental es radicalismo, caudillismo populista, autoritarismo y sentido mesiánico traducido en la reelección indefinida del “líder”. Son implacables proyectos de poder personal. El ex presidente uruguayo José María Sanguinetti afirma que los populismos de Chávez, Morales u Ortega son hijos de la abundancia (América Latina ha registrado la mayor bonanza económica del último siglo en el periodo 2004-2008). Habrá que ver si en circunstancias menos promisorias las propuestas del “socialismo del siglo XXI” pueden mantener la avalancha de votos a su favor que hasta ahora los han refrendado.
¿Y el futuro? Hay muchas variables a analizar, pero la consideración de dos de ellas puede ayudar a plantear algunas hipótesis. Primero, la política. La región vive una sucesión de procesos electorales cruciales en el periodo 2009-2011, de ellos hay tres particularmente significativos. El de Chile, que en enero de 2010 en segunda vuelta definirá si el nuevo Presidente es Sebastián Piñera de la derecha o Eduardo Frei de la Concertación. En octubre de 2010 Brasil irá a las urnas. Lula tratará de que su candidata Dilma Rousseff le suceda; el centro derecha, probablemente con José Serra, tratará de romper los ocho años del PT. En 2011, los esposos Kirchner buscarán continuar la alternancia familiar en el mando de Argentina; la oposición, aún fragmentada, pretende interrumpir la saga familiar ante la hoy debilitada popularidad de Cristina Fernández. Si Chile, Argentina y Brasil cambian de polo ideológico en el periodo 2010-2011, el panorama latinoamericano podría dar un vuelco que hace muy poco era impensable y que debilitaría la receta chavista. Segundo, la economía. La bonanza terminó, se trata ahora de saber si la crisis mundial será superada razonablemente o no, pero el tiempo de las vacas gordas es parte del pasado.
Último apunte. Honduras. Contra todo pronóstico, el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en uno de los países más débiles y pobres del continente tuvo éxito. Ni Venezuela, ni Brasil, ni la OEA, ni nadie movieron de su sitio al presidente golpista Roberto Micheletti. Estados Unidos tuvo mucho que ver, terminó apoyando a Micheletti y las cuestionadas elecciones que ganó Porfirio Lobo. A pesar de la teoría de que Estados Unidos le ha dejado a Brasil la responsabilidad de la región, a la hora de la verdad sigue inclinando la balanza. El golpe hondureño se cierne como una sombra sobre América Latina en dos direcciones, la posibilidad de desestabilizar Gobiernos democráticos, pero también la evidencia de que ejecutivos autoritarios hace rato han sometido a través de formas disfrazadas de golpe de Estado a los poderes judiciales en varios países. La Carta Democrática de la OEA ya no es suficiente para resolver el nuevo escenario.
Dos conceptos pueden caracterizar el futuro de América Latina: La enfermedad del péndulo y la constante de la incertidumbre.
2 de diciembre de 2009
Publicado en “El País” de Madrid
A cuatro años de su posesión, el Presidente Morales está en el umbral de repetir presidencia. Si lo logra será el primer mandatario boliviano reelegido para un periodo consecutivo en cuarenta y cinco años. El último fue Víctor Paz, protagonista de la Revolución de 1952 que otorgó el voto universal, devolvió la tierra y universalizo la educación en favor de los indígenas. Paz, reelegido para un tercer periodo en 1964 (de los cuatro que ejerció), fue derrocado tres meses después. No se supone que sean historias paralelas, aunque ambos promovieron en diferentes momentos importantes conquistas para el mundo indígena, Paz las hizo más tangibles, Morales más simbólicas.
Aún los más férreos críticos del régimen asumen que es un triunfo cantado. Las razones no son muy difíciles de adivinar. Morales representa estabilidad, todos saben que en la oposición sería capaz de hacer tambalear a cualquier gobierno y volver a la política de lo bloqueos callejeros sin escrúpulo alguno. Su fuerza es ya en Bolivia una mezcla de símbolo y mito, pero lo es también para una comunidad internacional embobada con la idea de que a un país de indígenas le corresponde un Presidente indígena, olvidando que tiene casi la mitad de su población no indígena; aunque si seguimos la lógica históricamente “adecuada” del propio Presidente: “tras quinientos años de opresión tocan quinientos años de gobiernos de los oprimidos”.
Pero hay algo que acompaña a Morales y a su gobierno. Una situación económica muy buena. En los últimos seis años el PIB nacional se ha duplicado, las reservas del Banco Central equivalen al 52% del PIB, el más alto del hemisferio, en 2009 Bolivia será el país con mayor crecimiento de toda América Latina, el ingreso per capita que hasta 2003 era inferior a 1.000 dólares está por encima de los 1.400, en 2007 y 2008 el país tuvo superávit fiscal después de más de setenta años y no hay nada que haga pensar que en el 2010 esta situación vaya a cambiar para peor.
¿Cuánto mérito es de Morales y cuánto de la situación internacional de precios de las materias que Bolivia exporta? Difícil será explicar que Morales se benefició con un promedio de precios de petróleo de 90 dólares por barril en su mandato, frente a los menos de 25 en gobiernos anteriores, que el aumento de impuestos a las petroleras es el resultado de un Referendo realizado un año antes de su ascenso al poder y que la “nacionalización” del gas que incrementó algo más esos impuestos ya elevados, no nacionalizó nada. Vano es explicar que el gobierno lleva adelante una muy mala política energética. Irónicamente con más ingresos, produce casi un 23% menos de gas que en 2005 y ha dejado de ser un jugador estratégico en la provisión de energía en el Cono Sur. Inútil referir que la pobreza ha aumentado dos puntos desde su ascenso al mando y que los indígenas, fuera de dos bonos para escolares y madres, no se han beneficiado con políticas estructurales de inversión social en áreas rurales de extrema pobreza. Ha sido también poco rentable electoralmente denunciar la destrucción casi total del estado de derecho y el “golpe de mano” que eliminó el Tribunal Constitucional hace ya más de tres años.
A cambio, Bolivia tiene una nueva Constitución ratificada en un Referendo que ha incorporado dos banderas oficiales, la rojo amarillo y verde y la wiphala, bandera multicolor que representa sólo a los pueblos aymara y quechua, estableciendo que una parcialidad (la andina) imponga un símbolo a las demás. El país ha dejado de ser una República y se denomina Estado Plurinacional de Bolivia con cinco niveles autonómicos, treinta y seis “naciones originario-indígena-campesinas”, en una categoría inferior los bolivianos de comunidades interculturales y los afrobolivianos; tres categorías pintorescas conceptualmente pero que expresan la complejidad de la nueva propuesta.
La oposición que fracasó en 2008 en su intento de desestabilizar no democráticamente a Morales, se ha visto arrinconada por la identificación emocional de la mayoría con el Presidente y su partido, pero sobre todo por la deficiencia de discurso. El principal opositor, Manfred Reyes Villa viene de la vieja política; fue aliado de los presidentes Hugo Banzer (1997-2001) y Gonzalo Sánchez de Lozada (2003), pero también fue prefecto y alcalde elegido de Cochabamba. Reyes Villa, repitiendo el libreto de Jorge Quiroga, el anterior líder de la oposición al actual gobierno, ha unido de modo precario a figuras conservadoras y viejas elites, especialmente apuntalado por Santa Cruz y Tarija, los dos departamentos más renuentes a Morales. La base de la propuesta de Reyes es: “No más Evo”, poco y rancio como oferta. El objetivo del favorito de la oposición es polarizar la elección como lo hizo Quiroga en 2005. Si al principio la idea era forzar una segunda vuelta, hoy su modesta aspiración es bloquear el eventual control de los dos tercios de la nueva Asamblea Plurinacional por parte del Movimiento al Socialismo (MAS).
El tercero en discordia es Samuel Doria Medina, empresario de centro que viene también de las filas políticas del pasado. Fue ministro y candidato vicepresidencial del ex presidente Jaime Paz Zamora del MIR en 1997. Doria, cuya falta de carisma es un lastre difícil de superar, ha decidido hacer una campaña basada en la economía sobre la evidencia de que ese es su punto más alto; pero la economía no es tema en esta elección en la que lo que está en juego es el nuevo diseño de sociedad, la Constitución, el desarrollo de las autonomías y el nuevo papel de las “naciones indígenas”. Doria, a pesar de todo, intenta cruzar a ambos candidatos y lograr lo que no pudo en 2005, instalar una bancada significativa que le de más poder. Su ventaja es que frente a la coalición prendida con alfileres de Reyes Villa, tiene un partido del que es prácticamente dueño, lo que le da en el mediano plazo, mayores expectativas.
No lo dicen, pero la oposición respira un aire derrotista y el objetivo de evitar la aplanadora masista está en duda. Como consecuencia, Bolivia vive la campaña más aburrida y anodina de los últimos treinta años. La crónica está ya escrita, sólo queda ajustar los detalles. Todo sería muy simple si no fuera que el futuro será tanto o más complejo que los cuatro años anteriores, que los desafíos para aplicar la Constitución son gigantescos, que en abril habrá una elección para gobernadores que dibujará el nuevo mapa regional y que los puntos de tensión esencial no han sido superados ni mucho menos. Aún sobre un resultado previsible, el país sigue teniendo la incertidumbre como una espada de Damocles sobre su ya magullada cabeza. En lo que toca al Presidente Morales da la impresión de que el 6 de diciembre quiere abrir las puertas de su paraíso.
