MI GOBIERNO

Carlos D. Mesa Gisbert

17 de octubre de 2003 al 9 de junio de 2005

Uno de los elementos constitutivos fundamentales de nuestro gobierno fue la elección del equipo que lo gestionaría, especialmente ministros y delegados presidenciales. Dada la naturaleza de un Ejecutivo sin respaldo partidario y sin presencia congresal, el equipo que lo conformó definió la personalidad de todo el gobierno, su orientación y sus logros o insuficiencias. La base fue el grupo que me acompañó en la vicepresidencia.

Escogí además a profesionales, políticos y técnicos cuyas características básicas fueran idoneidad y honestidad, que expresaran pluralidad desde el punto de vista de sus ideas, pero con un compromiso con la necesidad de un cambio esencial que el país necesitaba tras el agotamiento de una de las vertientes del modelo democrático iniciado en 1982.

Creo que quienes me acompañaron, casi sin excepciones, comprendieron este desafío, compartieron la agenda propuesta, se comprometieron a fondo con el proyecto de gobierno y sacrificaron incluso su propia permanencia en el Ejecutivo cuando esto fue necesario. En la mayor parte de los casos por ne­cesidades políticas, no porque yo creyese que no respondían adecuadamente a sus responsabilidades específicas. Sin ese equipo de ministros, viceministros, delegados presidenciales y asesores (éstos sin remuneración alguna), hubiese sido imposible avanzar en aquello que logramos exitosamente.

Me parece claro, por otra parte, que la totalidad de los fracasos, errores, in­decisiones y el desenlace de nuestro gobierno debe adjudicarse totalmente a mi responsabilidad. No es una expresión puramente retórica; es la idea de que es el Presidente el que toma las decisiones, el que lidera un equipo y el que decide el camino a tomar en los momentos más críticos. Debe, en consecuencia, asumir a plenitud lo que ello implica.

Los resultados

Puedo decir que en el año y ocho meses de gestión logré concretar tres de los cin­co objetivos del programa y dejar los otros dos encaminados para su consecución.

Objetivo 1. Respeto a la vida y los derechos humanos

El primero, y que me parece fundamental, es la reposición de una nueva lógica en el manejo de los conflictos sociales y una recuperación de la idea de tolerancia y respeto a los otros: la vida de mis compatriotas y los derechos y garantías ciudada­nas aun en medio de los conflictos de mayor tensión. Aquí se puede apreciar una paradoja que acepto pero que no cambia mis convicciones. Fue por mi decisión de no ejercer represión en ningún contexto que decidí renunciar al mando de la nación. Se me acusa de debilidad y falta de carácter para cumplir mi obligación constitucional. La lectura más elemental de los acontecimientos de febrero, setiembre y octubre de 2003 me eximirían de mayor comentario, pero vale la pena subrayar que los acontecimientos posteriores (periodo 2005-2010) demuestran que el país enfrenta una anomia social grave, el mayor cáncer que lo aqueja, y que la solución de esa anomia no podrá lograrse simplemente por la aplicación de medidas desde el gobierno, sino por el contrario en tanto entendamos que un nuevo pacto social debe partir de la premisa de que la recuperación del imperio del Estado de derecho y el sometimiento a la ley son el único salvavidas contra el descontrol y atomización de nuestra sociedad.

En esa dirección debo subrayar la aprobación de la ley de resarcimiento a las víctimas de la violencia política y el decreto que reglamenta el uso de la fuer­za por parte de las Fuerzas Armadas en el caso de que éstas tengan que salir a las calles para la reposición del orden interno por mandato del poder político.

En octubre de 2004, el Congreso aprobó la apertura de un juicio de res­ponsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros. Mi lógica en este tema fue siempre la de buscar justicia, no venganza. Nunca influí ni este ni en ningún otro caso, sobre el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni el Congreso.

En este contexto, un análisis realizado por Roberto Laserna demuestra que nuestro gobierno fue el que tuvo que enfrentar mayor número de conflic­tos desde 1982 y el que menos concedió en términos de costo humano, social y económico para el Estado, a pesar de esas presiones, lo que demuestra que nuestra capacidad de negociación racional en medio de expresiones frecuen­temente demenciales fue adecuada. Mérito que debo dar en gran medida a mi entrañable y desaparecido amigo José “Pepe” Galindo y su equipo, y a las cabezas del Ministerio de Gobierno.

Objetivo 2. Referéndum y Ley de Hidrocarburos

El segundo, el momento de mayor éxito de nuestra gestión fue sin duda la rea­lización del Referéndum sobre Hidrocarburos, que demostró un par de cosas que no apliqué correctamente en otros casos y en el cumplimiento del propio Referéndum. Cuando tomé la decisión de convocarlo, lo hice por decreto el 13 de abril de 2004, en contra de la opinión de la mayoría del Congreso (incluido el MAS, que se benefició de él para su falsa “nacionalización”), los sectores con­servadores representados por las elites económicas cruceñas y, por supuesto, la mayoría de las empresas petroleras afincadas en Bolivia que pusieron todo su empeño y su fuerza para frenarlo primero y abortarlo después. Pudimos llevar­lo a cabo por cómo lo encaramos: el decreto (convertido en Ley por abrumadora demanda popular), la legitimidad de la convocatoria y el respaldo masivo del pueblo, tras una exitosa campaña mediática en la que me empeñé personalmente respaldada por un equipo de alto nivel profesional (en contraste con la mediocridad de nuestra respuesta mediática en casi todos los demás temas, por mi particular decisión de no usar los medios para manipular a la opinión pública, como hicieron mis antecesores y con particular maestría y falta de escrúpulos el gobierno de Evo Morales). Estos elementos adecuadamente administrados nos permitieron ganar el Referéndum de modo incontestable.

Aquí vale la pena hacer un par de consideraciones. La primera, una convic­ción de que había llegado el momento de un viraje ideológico en el manejo de los recursos naturales, con un papel mucho más protagónico del Estado en la econo­mía y el fin de una visión ultraliberal en lo referido a las relaciones entre Estado e inversionistas. Fue a partir de esta idea que planteamos las cinco preguntas, en dos de ellas en acuerdo con Evo Morales, pero siempre respetando el orden jurídico existente, que a nuestro entender no impedía un cambio altamente favo­rable para el país. De hecho, entre el decreto “nacionalizador” de Evo (1° de mayo de 2006) y sus acuerdos con las petroleras en octubre de 2006, media un largo camino de concesiones de Morales que nada tienen que ver con los cacareados y pretensiosos objetivos iniciales expresados en el decreto mencionado. El abortado y brutal gasolinazo de Morales en diciembre de 2010 acabó por darnos la razón. La nacionalización fue desde el principio un gran fiasco

El error crucial del Referéndum fue no haber puesto a consideración del pue­blo nuestro proyecto de Ley en vez de las cinco preguntas. Ese error en gran par­te nos costó el gobierno. La negociación con el Congreso fue tortuosa y estuvo sazonada de dos ingredientes: nuestra timidez frente a unas petroleras que nos amenazaban con ir a arbitrajes internacionales por rompimiento de la seguridad jurídica (y allí estuvo mi principal equivocación, al creer de veras que eso podría ocurrir y que el país se vería bloqueado internacionalmente y sobre todo huérfano de inversión externa en todos los ámbitos) y un proceso conspirador descarado en el que participaron algunos sectores desde agosto de 2004, y a partir de marzo de 2005 casi todos los jugadores: el Congreso, especialmente MNR (directamente respaldado por Sánchez de Lozada), MIR, NFR y los partidos pequeños UCS y ADN. Un Tuto Quiroga convencido de que sería el próximo Presidente de Bolivia tras el duro golpe que le di a Morales en mi discurso de respuesta a su irracio­nal bloqueo nacional de caminos (marzo de 2005) que, debe recordarse, no tuvo que ver para nada con un pedido de nacionalización de parte de este, sino simplemente con su demanda de fundir el 50% de impuestos y regalías en un solo impuesto directo a los hidrocarburos. Los grupos radicales encarnados en Jaime Solares y la COB, Abel Mamani y la Fejuve alteña, Felipe Quispe y la CSUTCB y, por supuesto, la oligarquía del oriente.

Visto en la distancia, debimos arriesgar más, dar saltos mas arrojados fren­te a la mayoría de las petroleras que pusieron tanto esfuerzo en la conspiración contra nuestra gestión y, sobre todo, manejarnos rápidamente en la construc­ción de un instrumento político propio que debió nacer desde el comienzo de nuestra administración a partir de un Parlamento debilitado y la necesidad de una propuesta política de izquierda que el país necesitaba y que en un deter­minado momento nosotros logramos encarnar con respaldos a nivel nacional que promediaban el 70% de aprobación de nuestra gestión.

El Referéndum fue la gloria y el desastre, la fortaleza y la debilidad. La Ley de Hidrocarburos fue el camino de una sepultura anunciada que, como con todo cinismo ha afirmado públicamente Dante Pino, ex diputado de NFR, no tenía otra razón que el derrocamiento de nuestro gobierno. En este punto debo reconocer que el objetivo buscado por el Referéndum no culminó totalmente. Cambiamos la po­lítica de hidrocarburos y la del Estado frente a sus recursos naturales, logramos incrementar los impuestos hasta más del 50%, pero no promulgué la Ley por sus in­consistencias técnicas hoy más que evidentes y que obligan a una reformulación de varios de sus artículos. No di el salto demagógico de hablar de nacionalización, como hizo Morales, que con esa retórica y sin nacionalizar ni un lápiz de las empresas petroleras logró subir un promedio de entre ocho y diez por ciento los impuestos hasta casi 60%, lo que es un avance, pero comparativamente mucho menor al que logramos nosotros que gracias al Referendo popular los subimos de menos del 30% a más del 50%.

Objetivo 3. Solución de la crisis económica

El tercero fue, sin duda, el éxito en el manejo responsable de la economía, que implicó un gran sacrificio de austeridad, recorte de gastos, una inversión que tuvo que ser muy moderada y medidas como el impuesto a las transacciones financieras (ITF) y alza moderada de 10% en el precio de hidrocarburos (muy baja en comparación al aumento del 73% de la gasolina y 83% del diesel que intentó imponer Morales, y que tuvo que derogar ante la violenta protesta popular), pero que preservó el bolsillo de los más pobres al no tocar el precio de la garrafa de gas licuado. El resultado, acompañado por un ciclo de bonanza económica internacional, fue: reducción del déficit del 8% al 2,3%; el crecimiento del PIB subió de U$ 7.900 millones a U$ 9.300; la muy moderada reducción del desempleo que pasó de 9,1% a 8,4%; el aumento del PIB per cápita de U$ 895 a U$ 1.000; la reducción de la deuda externa en U$ 500 millones; el incremento de las exportaciones que superaron la barrera de los U$ 2.000 millones (en 2005 llega­ron a U$ 2.800) después de más de una década con un promedio de entre U$ 1.200 y U$ 1.500 millones y que en los años sucesivos se dispararon aún más. Parte de esos logros deben atribuirse a los seis meses de gestión de Rodríguez, que no hizo otra cosa que continuar nuestra política macroeconómica con el mismo equipo de Hacienda de nuestro gobierno.

Lo importante es subrayar que trabajamos duramente en un programa de gobierno coherente presentado al país en febrero de 2004, aplicado con rigor y complementado con una cara de inversión y orientación social muy concreta en mayo de 2005, que quedó trunco por nuestra salida en junio. Temas como el “compro boliviano” o las “ferias a la inversa” son re­sultados concretos de ese programa. Nuestra política de tierras se tradujo en la mayor cantidad de saneamiento desde la promulgación de la Ley INRA en 1996 (57% del total de los títulos otorgados desde entonces hasta fin del 2005), la otorgación de veintiséis Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y una línea de investigación y denuncia de tierras otorgadas o manejadas irregularmente.

Objetivo 4. Autonomías

El tema de las autonomías estuvo signado por una respuesta de expresa mala fe de los gestores de la idea.

La demanda de autonomías se remonta al siglo XIX, entonces bajo el con­cepto del federalismo, y tiene en Lucas Mendoza de la Tapia y Andrés Ibá­ñez sus máximos paladines. Los propios liberales paceños levantaron la bande­ra del federalismo para luego arriarla una vez conseguido el poder en 1899.

El avance extraordinario de la Participación Popular implementada en el primer gobierno de Sánchez de Lozada mostraba un camino irreversible ha­cia una descentralización adecuada a las demandas del siglo XXI en el mundo entero. A pesar de ello, ningún gobierno reciente había respondido positiva­mente al pedido de autonomías regionales, o por miedo, o por convicción. Nosotros pensamos que era tiempo de responder a la demanda liderada por Santa Cruz, pero no nos dimos cuenta de dos cosas. Por un lado, era una demanda de la que se habían apropiado las elites empresariales conservadoras con la idea de una concentración de poder regional en sus ma­nos. Por el otro, esa elite consideraba que nuestro gobierno la había hecho a un lado del “banquete” del poder, cosa que no había ocurrido nunca desde 1982 (y por supuesto tampoco antes, en el periodo dictatorial 1971-1978).

Cuando propusimos las autonomías departamentales el 20 de abril de 2004, la respuesta fue un gran silencio. Con los dos decretos de fortalecimiento del poder de los consejos departamentales en las prefecturas y la descentralización de la educación y la salud, las elites y el Comité Cívico cruceños se hicieron los distraídos y los sindicatos nacionales de maestros y trabajadores en salud nos en­frentaron brutalmente. El poder cruceño había decidido no ceder parte de sus banderas de reivindicación a un gobierno que repudiaban y acelerar el proceso de desesta­bilización que comenzó claramente en la región en setiembre de 2004. Para ello, el propio ex presidente Sánchez de Lozada contribuyó con su equipo de asesores estadounidenses, su poder económico y su alianza estratégica con la red de televi­sión Unitel (propiedad de la familia Monasterio), la cabeza mediática de la cons­piración que demolió nuestra imagen en Santa Cruz en menos de seis meses.

Así, paradójicamente, Santa Cruz hizo un cabildo autonómico el 28 de enero de 2005 (mi peor momento de desaprobación en Santa Cruz), contra el primer gobierno de la historia del país que oficialmente había propuesto las autonomías. De hecho, la elección de prefectos por voto popular y el Referendo autonómico, fueron convocados en mi gestión y se llevaron a cabo gracias a esas convocatorias

Objetivo 5. Asamblea Constituyente

Nuestra voluntad de llevar adelante la Asamblea Constituyente se tradujo en la inmediata creación de la UCAC, oficina encargada de proponer, coordinar y ejecutar un proyecto de ley de convocatoria a la Asamblea, que fue sistemáti­camente bloqueada por el Congreso y, sobre todo, por quienes como Morales consideraban que no se podía aceptar que nuestro gobierno presidiese este acto histórico tan importante sobre la lógica de que quien la impulsase construiría una hegemonía de largo plazo. A pesar de ello, la UCAC realizó un extraordi­nario trabajo preparatorio que adelantaba problemas y proponía soluciones, la mayoría de las cuales fueron desechadas en la aplicación de la Asamblea que con tantos errores y de modo tan errático –incluyendo su sangrienta consecuencia- encaró el gobierno de Morales.

Las elecciones municipales de 2004. El fin de una era política

Las elecciones municipales del 4 de diciembre confirmaron que el país había decidido sepultar la vieja política y a los viejos partidos. Por primera vez des­de 1987 el gobierno no presentó candidatos a los municipios. Se aplicó tam­bién por primera vez la reforma constitucional que eliminó el monopolio de partidos, lo que permitió a las agrupaciones ciudadanas e indígenas la presentación de candidaturas propias. Casi 450 organizaciones se presentaron a estos comicios. Esto produjo inevitablemente una dispersión del voto. El MAS se convirtió en la primera fuerza política nacional, pero entonces obtuvo apenas el 17,4% de los votos. Los partidos tradicionales cayeron de modo estrepitoso: el MIR obtuvo 6,5%, MNR 6,1%, NFR 2,7% y ADN 2,3%. Casi todos al borde de la desaparición, mientras en el Congreso esos partidos agonizantes controlaban la mayoría absoluta, una verdadera ironía.

Relaciones exteriores. El mar

En las relaciones exteriores, sin duda el tema que marcó mi presidencia fue la compleja relación con Chile. A pesar de ello, debo destacar además la exitosa Cumbre Iberoamericana realizada en Santa Cruz a pocos días de iniciado el gobierno, las gestiones de apoyo a nuestra democracia por parte de México y Estados Unidos, las cordiales relaciones con nuestros vecinos, particularmente Brasil y Argentina (firmamos con el presidente Kirchner el primer acuerdo de ampliación de venta de gas de 2,5 a 27 millones de metros cúbicos por día) y el papel activo en los procesos de integración, reflejado sobre todo en la creación de la Unión Sudamericana en diciembre de 2004 en Cuzco, en la que me cupo el privilegio de dar el discurso principal. Hoy se llama UNASUR.

Los avances realizados por el presidente Ricardo Lagos con mis antece­sores Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada, motivados por la necesidad de Chile de contar con gas natural, se vieron abruptamente inte­rrumpidos por la crisis de octubre de 2003 y la salida de Sánchez de Lozada, uno de cuyos móviles fue precisamente el “no” militante del pueblo a la venta de gas por Chile o a Chile, consigna que fue impulsada, entre otros, y con gran fuerza por Evo Morales.

Esta realidad impedía cualquier posibilidad de continuar en la lógica nego­ciadora anterior. A pesar de haberle explicado esta situación obvia al presidente Lagos, éste insistió en que la oferta chilena era viable (una zona económica es­pecial para instalar una planta transformadora de gas próxima a Mejillones, por supuesto sin nada que se pareciese a soberanía).

No leer nuestra compleja realidad de entonces, hoy diluida por el paso del tiempo, es no querer comprender las circunstancias que le tocan a las socieda­des en un determinado momento de su historia. En la lógica de aproximación de hoy entre Chile y Bolivia, tras la naturaleza simbólica y el respaldo de votos del presidente Morales, lo que hicimos en enero de 2004 fue reposicionar ante la comunidad internacional en el foro hemisférico más importante, la Cumbre de las América la reivin­dicación marítima boliviana (cosa que ninguno de nuestros sucesores volvió a hacer). Eso se lee como una postura de un chauvinismo oportunista. Estoy convencido de que fue gracias a ese reposicionamiento que hoy es posible un diálogo con un Chile más abierto y flexible, a la vez que consciente de que la energía boliviana es, a pesar de lo que se diga, un elemento importante de la relación bilateral.

Más allá de la dificultad del momento, encaramos con responsabilidad, fir­meza y sobre todo actitud respetuosa, nuestra firme demanda, tras una década en la que se nos dijo que el perfil bajo y el incremento de las relaciones eco­nómicas con Chile serían suficientes para recuperar una soberanía que sigue pendiente desde el desgraciado tratado de 1904.

La pregunta cuatro del Referéndum se hizo no sólo por el imperativo del momento, sino intentando marcar un texto que no cerrara definitivamente las puertas de cualquier aproximación de negociación con Chile. Paralelamente, profundizamos con el Perú gracias al Presidente Alejandro Toledo un acuerdo que iba mucho más allá de un mero TLC, acuerdo que hoy se aplica excepto en la coordinación de un proceso de integración energética para –como socios– encarar la conquista del mercado de consumo de gas natural de México y Estados Unidos. Meta desechada por nuestros sucesores, perdiéndose una oportunidad de oro de abrir mercados al país.

El “cerco judicial” al gobierno

En mayo de 2004, el Tribunal Constitucional (TC) desconoció un fallo del Tri­bunal Militar que absolvió a cuatro oficiales que habían participado en los he­chos de “febrero negro” y estableció que debían ser juzgados en los tribunales ordinarios. Medio centenar de generales y coroneles de las FF.AA. se presenta­ron en Palacio de Gobierno para exigir al Presidente una toma de posición sobre el tema. Resolví la grave crisis comprometiendo mi res­paldo pleno a las FF.AA. dentro del marco de la ley y respeto a la Constitución y desarrollé junto al Alto Mando un trabajo común para recuperar el respeto al fuero militar. Fue uno de los momentos más críticos para la estabilidad demo­crática. El respeto institucional del Presidente a FF.AA. y Policía marcó siempre una relación excelente de nuestro gobierno con ambas.

El 31 de julio de 2004, en virtud de la potestad que me daba la Constitución, en pleno receso parlamentario, nombré con carácter interino a seis magistrados de la Corte Suprema, dos miembros del Consejo de la Judicatura y nueve fiscales, incluido el Fiscal General. Resolví así dos problemas; por un lado, las vacancias que habían dejado al Poder Judicial al borde del colapso, ante la imposibilidad del Congreso de nombrar en más de tres años los cargos vacantes. Por otro lado, garanticé la independencia del Poder Judicial, descarnadamente controlado por los partidos en función de gobierno en connivencia con la oposición, práctica común en todo el periodo democrático que el gobierno de Morales agudizó al darle la Asamblea la potestad al Presidente para designar a dedo a los miembros del Poder Judicial. Pero, el 11de noviembre de ese año el TC falló en contra de esos nombramientos, desconociendo de manera incorrec­ta el receso parlamentario que los legitimaba incuestionablemente. Rechazó el pedido de reconsideración que hice, lo que permitió que muy sugestivamente MNR, MIR, NFR y MAS lograran acuerdos que no habían sido posibles en dos años y medio, cuoteando descaradamente el Poder Judicial, como se apreció crudamente en las actuaciones del fiscal Gareca.

En marzo de 2005, el Fiscal General y los nueve fiscales respondieron a nuestro pedido de aplicar la justicia a quienes lideraban bloqueos que vulne­raban los derechos constitucionales, rechazándolo con el argumento de que los bloqueos eran derechos constitucionales de los oprimidos.

La renuncia de marzo

Cuando en marzo presenté mi primera renuncia, el objetivo era llamar la aten­ción al país sobre algo básico: el camino de irracionalidad en el que estábamos nos iba a conducir al despeñadero. Los bolivianos me apoyaron de un modo impresionante y conmovedor. En ese momento mi respaldo nacional era del 68% (85% en Cochabamba, el más alto, y 44% en Santa Cruz, el más bajo). Desaproveché mi última oportunidad, basándome en una engañosa levitación que me propor­cionaba la popularidad abstracta que no concreté: tener  una fuerza política propia, controlar el Congreso e imponer mi proyecto de Ley de Hidrocarburos. A partir de ese momento no hubo retorno. La tenaza se cerró. Nos asfixiaban desde los sectores ultraconservadores cruceños a la cabeza de Monasterios y el empresa­riado más recalcitrante de derecha, y desde los sectores radicales lo hacían los grupos movidos por Abel Mamani, Solares y Roberto de La Cruz. Cuando Morales bajó el pulgar, resentido por las consecuencias de mi discurso del 6 de marzo en su propia popularidad, mi suerte estaba echada. Rematé con otro error: pedir a menos de dos semanas del masivo e impresionante respaldo popular recibido el 10 de marzo en la plaza Murillo, el adelantamiento de elecciones que, por supuesto, el Congreso opositor  rechazó.

En los últimos días de mi gobierno convoqué a elección de prefectos, refe­réndum sobre autonomías departamentales y Asamblea Constituyente, algo que muchos olvidan. Esas convocatorias por decreto (ante la negativa del Congreso de aprobar mis proyectos de ley sobre el tema), mostraban mi voluntad inque­brantable de cumplir con mis compromisos de octubre de 2003 y abril de 2004.

Cuando el Congreso apretó el acelerador para destruirme, de la mano de Hormando Vaca Diez y Mario Cossío (presidentes de ambas Cámaras) que fueron la punta de lanza del viejo sistema de partidos que buscaba salvarse a cualquier precio, no hicieron otra cosa que darle argumentos a los radicales. El pueblo estaba harto de un Congreso que repudiaba desde hace mucho tiempo, pero especialmente después de octubre de 2003. Otra ironía. Las movilizacio­nes que acabaron con mi gobierno fueron esencialmente contra el Congreso, no contra el Presidente. Pedían el cierre del Parlamento y poco a poco logra­ron unir dos consignas: la nacionalización de los hidrocarburos y las autonomías departamentales.

Renuncia definitiva. El 9 de junio en Sucre

Entre las infamias tejidas entonces, está la de que yo pretendía dar un golpe de Estado con el cierre del Congreso. Los hechos objetivos desmienten tal su­puesta intención, ya que presenté mi renuncia definitiva al cargo el 6 de junio de 2005, la ratifiqué el 7, pidiendo ese día la renuncia al derecho de sucesión constitucional a Vaca Diez y Cossío. A lo largo de toda mi vida pública, mi vocación democrática, mi defensa de las instituciones y en particular del Con­greso, demuestran una actitud que en el caso de mi gestión presidencial llegó al punto de aceptar un estrangulamiento total de toda iniciativa del Ejecutivo a manos de un Legislativo que bloqueó toda opción de solución racional que no fuera mi propia salida del gobierno. A pesar de ello, la vieja tesis del “miente, miente que algo queda” dejó flotando la idea de que yo había querido hacer un golpe, ratificada por la vergonzosa declaración en 2006 del comandante del Ejército en el programa televisivo del Presidente de Venezuela Hugo Chávez ya en la gestión de Morales, quien hizo tal afirmación. Ésta fue desmentida categóricamente por dos civiles aludidos por él como testigos y por todo el Alto Mando Militar que me acompañó durante toda mi gestión, con dignidad que enaltece a las FF.AA.

El 9 de junio actué con serenidad y decisión. Ratifiqué la irrevocabilidad de mi renuncia, envíe en dos aviones Hércules a los grupos de elite de la Policía Nacional, al mando de sus dos comandantes, y al viceministro de Gobierno e instruí al Regimiento Pérez de Potosí y al 2° de Sucre el patrullaje de carre­teras con orden expresa de no usar armas de fuego en ninguna circunstancia. Finalmente, ordené a los ministros de la Presidencia y de Gobierno no apoyar de ningún modo movilizaciones de grupos diversos que se trasladaron a Sucre. De hecho, miles de personas, cooperativistas mineros, campesinos y cocaleros fueron a la capital en buena medida bajo el impulso del MAS, que expresó cla­ramente que impediría la posesión de Vaca Diez como Presidente. La plaza principal de Sucre estuvo siempre bajo el control total de la Policía, que no fue rebasada en ningún momento. La muerte lamentable de un minero por impacto de bala se produjo cuando éste se encontraba sentado en el interior de un bus que se hallaba detenido en medio de una caravana de vehículos que pretendían ingresar a Sucre. La inmediata investigación instruida por nosotros no pudo esclarecer el origen del disparo. Como gobierno cumplimos nuestras obligaciones de preservar el orden y mantener la paz, como lo habíamos hecho durante tres semanas en la sede de gobierno en medio de un asedio irracional y violento de las minorías eficaces que protagonizaron esa presión.

Lo que dejamos

Nos tocó uno de los momentos más difíciles de la historia republicana del país. Actuamos siempre buscando la paz, el respeto y la tolerancia. Llegamos al go­bierno para garantizar la pacificación y nos fuimos para evitar la confronta­ción. Iniciamos el cambio histórico que el pueblo expresó en las urnas en el Referéndum de 2004, las elecciones municipales de 2004, las elecciones pre­sidenciales de 2005 y las elecciones para asambleístas y el Referéndum sobre Autonomías de 2006. Este proceso fue posible gracias a nuestra determinación de llevar adelante una reforma constitucional (que promulgué el 20 de febrero de 2004) que abrió las puertas a una democracia participativa traducida en la Asamblea Constituyente, el Referéndum nacional, departamental y municipal, la iniciativa legislativa ciudadana y el fin del monopolio de los partidos políticos que permitió que agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas tercien en elecciones municipales, prefecturales y nacionales. Esa reforma impulsada por nuestro gobierno es uno de los instrumentos cruciales para entender el proceso de cambio genuino que nos acompañó como idea básica en los casi dos años que nos tocó ocupar la máxima responsabilidad del Estado.